La dinámica del conflicto armado que suma ya más de medio siglo en el país, ha demarcado una división geográfica en la cual, algunos municipios serán particularmente vulnerables al resurgimiento de situaciones de violencia en caso de un eventual escenario de postconflicto. 

La presencia prolongada y el dominio de los grupos armados sobre ciertos territorios con ausencia de Estado, ha permitido el desarrollo de una especie de economía de la guerra, fomentada por la alta presencia de extorsión, producción de cocaína, minería ilegal y un largo etcétera de actividades oscuras, que de no controlarse traería nuevas olas de violencia. 

Varios de los municipios del Catatumbo cumplen estas características y de hecho, hacen parte de la lista de 281 municipios de Colombia, establecida por la fundación Paz y Reconciliación, en los que el Gobierno y el Estado tendría que hacer esfuerzos importantes para consolidar los acuerdos de paz que se alcancen, en un futuro, con las organizaciones armadas ilegales. 

De la rápida gestión que se desarrolle sobre estos lugares, entre los que se incluyen municipios como Tibú, El Tarra, Hacarí, San Calixto, El Carmen, Teorama, Convención, La Playa, entre otros, depende en buena medida que los acuerdos alcanzados en La Habana, donde se negocia la paz entre el gobierno y las Farc, sean una realidad en el mediano plazo y que los desmovilizados que permanezcan en estas zonas tratando de reincorporarse a la vida civil encuentren las condiciones necesarias y adecuadas para llevar a cabo su transición.  

Esto lo tienen muy claro los alcaldes electos de estos municipios, quienes desde ya están proponiendo al gobierno Nacional estructurar una hoja de ruta que permita traer inversión a los lugares donde ejercerán su mandato y consolidar la paz que por tanto tiempo han anhelado las comunidades. 

Su preocupación, pero sobre todo la diligencia con la que han asumido la gestión en este tema, es una buena señal, pues demuestra que son conscientes de la necesidad de estructurar un programa de inversión juicioso que establezca prioridades y determine planes de acción para las escuelas de convivencia, para el apoyo a estaciones de policía, a la creación de un sistema de vigilancia y seguridad, al fortalecimiento de la infraestructura física y de movilidad y especialmente un plan que permita consolidar la educación en estas zonas vulnerables, como una alternativa para salir de la pobreza. 

Aunque ciertamente existen zonas que contemplan mayores riesgos de repetición de violencia que el Catatumbo en el país, vale la pena pensar en la posibilidad de establecer es esta convulsionada zona de Norte de Santander, un plan de choque durante el primer año de los acuerdos, en el que sea posible alcanzar victorias tempranas para la paz. 

Este concepto, según la fundación Paz y Reconciliación, se traduce en “un conjunto de actuaciones concretas en un cortísimo período de tiempo, en territorios claramente focalizados; las acciones deben tener una posibilidad de realización rápida y un alto nivel de visibilidad, de tal manera que rindan un saldo medible no sólo en el impacto directo de la acción, sino también en el nivel de confianza que puede crear la misma en la población respecto del proceso de paz”.

Este último es, quizás, el reto más importante que tiene la institucionalidad para el momento que se firme la paz con las Farc: generar confianza entre los ciudadanos en que la historia en este país puede ser distinta; en que el gobierno está a la altura del reto que debe enfrentar para materializar los acuerdos y en que está dispuesto a poner la institucionalidad al servicio de quienes lo requieran para que esa paz que muchos desconocen –pues han estado toda su vida inmersos o en medio de la guerra– pueda materializarse. Y aunque todo proceso lleva tiempo, en este caso, los resultados no pueden tardarse.