Violencia, conflicto, guerra o como lo quieran llamar, es un monstruo grande y pisa fuerte -como dice la canción- que anda suelto y lo tenemos aposentado en la zona rural de Cúcuta en donde parece haberse amañado, luego de aquellos tiempos de incursiones guerrilleras y paramilitares.

Y como los analistas lo confirman, el negocio de la coca es el combustible que alimenta los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales en procura de quedarse con el jugoso negocio del narcotráfico.

Lo lamentable de todo esto es que la población civil continúa siendo -como  siempre ha ocurrido aquí y en otras partes- la carne de cañón y la directamente golpeada, con muchas pesadas cargas que llevan sobre sus hombros, y que agravan la situación.

Para nadie es un secreto que cientos de familias campesinas debieron dejar de cultivar diversos productos alimenticios para dedicarse a la hoja de coca, por la pérdida de las cosechas, porque no las pudieron vender o simplemente se quedaron de brazos cruzados al perderlo todo en razón de créditos impagables o por el abandono Estatal, llámese nacional, departamental y municipal.

Para el caso específico de la capital de Norte de Santander, si nos detenemos a hacer una rápida evaluación de las políticas municipales con miras a la recuperación y reactivación de esas miles de hectáreas productivas que tienen nuestros fértiles corregimientos, sin temor a equivocarnos  podemos decir que hacia la zona rural las  inversiones, en todos los frentes, han sido raquíticas, por no decir que inexistentes.

De ahí lo lógico es que la ausencia de Estado que no ha llegado de manera contundente y decidida con sus políticas agrarias, sociales y de fortalecimiento de la infraestructura vial y de servicios públicos esenciales, dejó al garete a nuestros campesinos cucuteños y habitantes rurales.

Producto de esa desconexión de la ciudad capital con su área rural fue lo que  degeneró en que hoy Cúcuta aparezca en los mapas con hectáreas cultivadas con hoja de coca, como sucede  en el corregimiento Banco de Arena, por ejemplo.

En esa localidad han ocurrido en las últimas dos semanas situaciones muy complicadas desde el punto de vista del orden público, como son, los confusos hechos en que perdió la vida un miembro de la junta comunal de la vereda Totumito, luego la muerte de un raspador de  coca y, por último, la caída de un patrulla de la Policía en un campo minado en la vereda Vigilancia, donde murieron dos uniformados.

Todo esto constituye un caldo de cultivo de violencia en ese sector fronterizo  con Venezuela, en donde las autoridades  han confirmado la presencia de  guerrilleros del Eln y de integrantes de la banda criminal de Los Rastrojos que a sangre y fuego disputan el control de las economías ilegales en ese corredor, que por  un lado conecta con Tibú y desde ahí hacia el Catatumbo y con el vecino país.

Se requieren, con urgencia, no solamente las operaciones envolventes, la militarización y otras acciones ofensivas que se anuncian en esos casos, sino a darle preferencia a un modelo propio de sustitución de cultivos ilícitos para Norte de Santander, como allá en Banco de Arena esta semana lo expuso el gobernador Silvano Serrano, para lograr lo expresado por el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, de que esos espacios con la comunidad son para mejorar las garantías de vida y de trabajo de todos los campesinos de la zona.