Quizás sean las 145 mil que detectó el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci); tal vez, las 188 mil hectáreas que organismos de Estados Unidos dicen haber medido. 

Lo que preocupa es la enorme cantidad de coca que se está cultivando en Colombia y, obvio, el costo de cualquier operación para erradicarla, y el deterioro de la imagen como un país decididamente orientado a evitar que lo cataloguen como país de narcotráfico.

Desde luego —y en esto no se puede eludir responsabilidad alguna—, la culpa de la situación la tienen los últimos gobiernos, definitivamente incapaces de combatir la siembra de coca, porque han sido escandalosamente ineficientes para llevar el Estado hasta las zonas donde los cocales lo ha convertido todo en un peligroso y creciente mar verde.

Sin Estado, sin autoridad, sin control, los narcotraficantes —llámense Farc, Eln, Epl o bandas criminales— han encontrado siempre en esas zonas geográficas de la periferia el paraíso para sus narcocultivos y la mejor ubicación para sus laboratorios de producción de cocaína, y han contaminado de crimen y negocios ilegales a los colonos y a los labriegos que a duras penas sobreviven a base de trabajar con las uñas.

Es claro que la erradicación ha bajado de ritmo, aunque no se ha suspendido. Pero, si se trata de ser realistas, es dudoso que se alcance la meta que fijó el gobierno para 2017: 100 mil hectáreas, lo que significa dejar limpias de coca unas 274 hectáreas por día, una cifra que permite tener una idea del imponente trabajo que exige acabar con los cocales.

Quizás el tiempo no sea suficiente para el propósito, especialmente porque el ritmo de cultivo se mantiene: al fin y al cabo, los campesinos siguen en las zonas de siembra, y con mayor razón en estos tiempos en que las plantas llegan a su cuarto año de vida, el de mayor producción, y los traficantes están dedicados a aprovechar esa circunstancia. Y, para todos, la mejor manera de estimular el negocio es pagando de contado y cada día algo mejor.

Hay señales de optimismo: en Tumaco y el Catatumbo, las dos principales zonas de cultivo, en su orden, han disminuido los índices de violencia asociados a las actividades del narcotráfico y a los cultivos de coca y amapola.

Por lo pronto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tiene en juego su cargo, que él mismo ofreció si las metas de erradicación para este año no se cumplen. Tiene, por si acaso, una circunstancia a favor: ya las Farc no están, y esta ausencia influye de manera dramática en el negocio.

En su contra está la imposibilidad de fumigar con glifosato, reemplazado por un lado con la erradicación voluntaria por los cultivadores y, por otro, el acatamiento a sugerencias de organismos de salud internacionales en el sentido de no volver a esas prácticas.

Y hasta Estados Unidos ha aceptado la decisión de no fumigar, algo que se hizo por lo menos durante los últimos 30 años, sin resultados realmente convincentes de su eficacia. Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, prometió que su país respeta y respetará ‘la decisión soberana’ de no asperger los cultivos.

Solo falta que llegue el fin de año, para ver los resultados y saber si en Washington honran su palabra.