Al repasar las páginas de algunos medios informativos venezolanos queda en evidencia la alta peligrosidad de la banda ‘El Tren de Aragua’ que abrió una célula en este rincón de la frontera entre Táchira y Norte de Santander. Por ejemplo, ¿quién en Cúcuta y Norte de Santander no ha comido las famosas galletas María? Pues resulta que esa organización delincuencial incendió una planta de la fábrica Puig que las produce, porque sus propietarios se negaron a pagar la ‘vacuna’ en moneda extranjera. Esto ocurrió en la Zona Industrial de Las Tejerías. 

En Perú también ha dejado una huella criminal que ahora quiere venir a marcar en la región que, lamentablemente, está viviendo tiempos tan crudos como aquellos en que, primero el Eln y luego los paramilitares instauraron su ‘reino de terror’ en tierras nortesantandereanas.

Los hechos sangrientos que ocurren hoy son espeluznantes: descabezados, degollados, descuartizados y masacres, sobre los que la Policía y los organismos  investigativos pocos indicios tienen, pero que sí generan temor entre la población que hoy se siente extremadamente insegura, así con estadísticas y datos comparativos, trate de decirse que no hay tal. Y como si fuera poco, otra vez se suceden ataques contra la fuerza pública y hay un recrudecimiento de los atentados a la infraestructura petrolera. Mejor dicho, el escenario pareciera el de la ‘guerra perfecta’ en que todos somos perdedores. 

No se puede permitir que la política de brazos extendidos y fronteras abiertas a los venezolanos que huyen de la situación de su país, se traduzca en un boleto de entrada al crimen. Ahí deben reforzarse las acciones necesarias para tratar de prevenir o erradicar de una vez por todas estos hechos, que tienen atemorizada a nuestra población. 

Y para levantar ese velo detrás del cual se esconden las organizaciones que actúan de manera tan salvaje para enviarse mensajes entre enemigos o que actuando así quieren someter a Cúcuta, el Catatumbo y Norte de Santander a sus dictados criminales, debería establecerse una comisión interinstitucional de crisis, entre la Policía, Fiscalía, Sijín, Dijín, el Ejército, la Procuraduría  y demás organismos, que permitan definir líneas investigativas que conduzcan a algo más que las hipótesis sin desarrollo. 

La región reclama resultados más allá de las simples referencias de la prensa. Debe darse a conocer si es que hay una disputa de carteles de la droga o si hay de nuevo intentos de las mal llamadas limpiezas sociales, o si en la disputa territorial por las zonas que dejaron las desmovilizadas Farc la manera de apoderarse es a sangre y fuego y con esa clase de acciones intimidantes que llevan una marca de peligroso escalamiento del conflicto.

Si hay que reestudiar la situación para obtener nuevas conclusiones que lleven a redefinir estrategias en la lucha contra la inseguridad, pues hay que hacerlo. Si hay que emplear más tecnología y fortalecer la inteligencia, no deben escatimarse los esfuerzos. Si es indispensable enfrentar la violencia con la combinación de la utilización de las fuerzas del Estado con todo su poder y contundencia, pero también con una agresiva y contundente estrategia de contenido social y económico para la contención de los factores que alimentan, en parte, esa cruel realidad, como lo son el desempleo y la iniquidad social.

La comunidad exige que se haga algo, pero ¡ya!