Un fallo de la Corte Constitucional que reafirmó la calidad de trabajo legal de la prostitución, no solo reconoció los derechos de la dueña de un prostíbulo en Chinácota, violados por la alcaldesa, sino que ordenó a las autoridades a facilitarles a prostitutas venezolanas los trámites para legalizar su permanencia en Colombia.

El fallo, por supuesto, conmovió a la tradicionalista sociedad de Chinácota y de Norte de Santander, porque en Colombia, la prostitución aún es considerada como un delito y como un atentado permanente a la moral y a las costumbres.

Cúcuta, ¿quién lo niega?, como las otras grandes ciudades de Colombia, está inundada de venezolanas de todas las condiciones, que encontraron en el comercio sexual su modo de vida ante las dificultades de todo orden que vive su país.

Están ejerciendo ilegalmente un trabajo legal: carecen de visa de trabajo y, lo más grave, sin controles sanitarios, en una situación que puede traer muy graves consecuencias para la salud de quienes accedan a los servicios que ellas ofrecen.

Esta situación debe hacer reaccionar a todas las autoridades, más si tienen en cuenta que por las calles del centro de Cúcuta, en las inmediaciones del parque Mercedes Ábrego, se pasea una prostituta extranjera contaminada con vih, según lo afirman sus propias compañeras. Y así tiene encuentros sexuales permanentes.

En la difícil situación de Venezuela, la gran mayoría de trabajadoras sexuales jamás se someten a exámenes sanitarios de control de venéreas, y en tal condición cruzan la frontera y se dedican a su oficio sin problemas... Y no tienen problemas, porque las autoridades de Cúcuta son laxas en el cumplimiento de sus deberes, y olvidan los controles.

¿Cuántas personas estarán infectadas por razón de esta mujer? Imposible saberlo, mientras no se tengan controles. Y estos se limitan a visitar algunas veces los prostíbulos para verificar el estado de las camas y otros asuntos. No siempre se les exigen documentos a las personas que allí trabajan.

Y más difícil es precisar cuántas venezolanas viven de la prostitución, tanto en Cúcuta como en otras localidades de Norte de Santander. E imposible, establecer la cifra de venezolanos que han llegado para quedarse. Pero en varias ciudades ya se percibe el fenómeno con solo caminar por las calles.

El fallo no ordena, como equivocadamente lo han interpretado algunos, que se les conceda visa de trabajo a las prostitutas venezolanas. No pueden recibirla, si no cumplen requisitos elementales que se exigen a cualquier otro extranjero, y un contrato de trabajo es uno.

Desde luego, mientras el descontrol absoluto que reina en los sitios de cruce se mantenga, la llegada de extranjeras a ejercer la prostitución crecerá, y el riesgo de las venéreas también lo hará, y de manera exponencial. Una persona enferma de sida significa muchas personas contaminadas que, igual, infectarán a otras más.

¿Es mucho pedir que Migración Colombia cumpla con sus funciones como lo exigen las normas legales? Hace una semana, reporteros de La Opinión cruzaron a Ureña, y ni en la ida ni en el regreso había funcionarios de Migración Colombia. Así, Colombia está enfrentada a tantos riesgos como personas lleguen. Y no es justo.