No es un asunto tan fácil, como parece, ese de legislar para facilitar que las empresas de telecomunicaciones instalen 10 mil antenas, en su mayoría en centros urbanos, como un requisito fundamental para garantizar la calidad de las señales.

Desde hace varios meses, las comunidades barriales vienen ofreciendo mayor y más frecuente resistencia a los planes de las empresas de convertir las ciudades en una especie de alfileteros, y han logrado apoyo en los gobiernos locales, necesitados como están de defender la autonomía municipal contra ataques por todos los flancos.

Es un hecho: las antenas son peligrosas. El caso de la familia Mauri Benedetti, en Barranquilla, que perdió gran parte de sus bienes porque la enorme torre de una empresa de celulares les cayó encima, es prueba de que en los barrios la gente no se queja sin motivo. El respaldo del barrio El Paraíso y del gobierno local, fue absoluto.

El Distrito Especial Industrial y Portuario, de inmediato ordenó el desmonte de todas las antenas en sectores residenciales de Barranquilla, algo que, en concepto de las empresas de telecomunicaciones, va en contravía del mejoramiento del servicio de telefonía móvil y de internet.

¿Por qué, preguntan opositores a las antenas, vecindarios que llevan muchos años en un clima de bienestar creado y defendido por los vecinos, se deben someter al mandato del progreso y permitir que les instalen enormes torres de acero en los patios, sólo porque las compañías de telecomunicaciones tienen interés en ello?

La gente cree que la radiofrecuencia de las repetidoras genera problemas para la salud, pero numerosos estudios en Europa y Estados Unidos no lo han podido comprobar. Claro, tampoco han podido desvirtuarlo. Es una especie de empate entre quienes consideran que primero es el hombre y quienes sostienen que es el progreso.

En Cúcuta, la alcaldía está con los habitantes. Recientemente, ante quejas de vecinos de Cuberos Niño, el propio secretario de Gobierno, Óscar Gerardino Astier, le demostró a una empresa de telecomunicaciones que mintió cuando comenzó a montar una enorme torre diciendo que tenía autorización del gobierno local para la instalación.

La obra está suspendida y el barrio Alerta. No quieren antena, y mucho menos más mentiras. Ellos saben, y todos los habitantes de Cúcuta deben saberlo, que por encima del interés de la comunidad no está nada, ni siquiera las poderosas empresas de telecomunicaciones, y que una cosa es el progreso y otra el interés de una o varias compañías privadas, que de ordinario estas últimas confunden.

En el caso de Cuberos Niño, debieron suspender la instalación de la antena no tanto por las razones de que valen más los vecinos que las torres, como por mentir, lo que pone en evidencia el poco respeto que les merece el poder local, que es la base de toda la estructura democrática.

Las compañías deben desarrollar alternativas para sus redes. ¿Qué harían, en el supuesto en que todos los municipios colombianos les negaran la posibilidad de que los pueblos los acribillen con antenas? ¿Dejarían su enorme negocio? Claro que no: del faldón de la camisa sacarían soluciones, las que fueran necesarias.

Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora? Es una sugerencia, ante la realidad de que no podrán poner torres cercanas a escuelas, hospitales, sitios de concentración de personas o barrios que se opongan, y la posibilidad de que, en el futuro, no haya lugares aptos para ellos.

Una de las patas sobre las que descansará el Plan de Ordenamiento Territorial será la que garantiza la prevalencia del interés general sobre el particular, es decir, el interés de las gentes de un barrio, aunque sea el más pobre y marginado, siempre será más importante que el interés de cualquier empresa de telecomunicaciones, así se trate de cualquiera de las multinacionales que exhuman poder por todo lado.