¿Por qué nos vigilan? es el titular de la carta pública al Gobierno Nacional y al Ejército, por parte de un nutrido grupo de periodistas colombianos y extranjeros objeto de maniobras de espionaje, que desataron otro capítulo más de las famosas chuzadas, escuchas y seguimientos ilegales, que se niegan a desaparecer y más bien lo que aparecen es con mayor sofisticación.

En este nuevo y triste episodio que merece el más rotundo repudio pues el ejercicio de la profesión periodística debe de estar a salvo de toda coerción, manipulación o amenaza, dos de los afectados tienen directa relación con nuestra región. 

Se  trata de  la colega María Alejandra Villamizar, quien labora en Caracol Radio y Caracol TV, quien es oriunda de Pamplona, y Stephen Ferry, un fotoperiodista estadounidense independiente, que por un tiempo estuvo vinculado a La Opinión, en desarrollo de un trabajo especial. 

-¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?, es una de las preguntas directas que los comunicadores afectados hicieron, precisamente en momentos que se celebraba ayer el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El Gobierno Nacional y los altos mandos militares están en la obligación de hacer claridad sobre los hechos y permitir que las investigaciones vayan hasta sus últimas consecuencias, porque en esta oportunidad hubo un desbordamiento  allende de las fronteras al incluir en ese espionaje de alta tecnología a unos siete periodistas de Estados Unidos. 

No se escapó ni el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que en una dura reacción llegó a decir que “este tipo de espionaje es algo habitual en una dictadura de un sistema totalitario y eso es normal en ese contexto, pero no puede ser normal en una democracia como la colombiana”.

Ya el presidente Iván Duque salió a rechazar cualquier seguimiento contra periodistas, y de continuar las investigaciones  que permitan castigar ejemplarmente a los responsables de estos hechos que llamó “inaceptables”.

Sin embargo, en esta oportunidad deberán ser menos las palabras y más las acciones puesto que la internacionalización de lo que se ha llamado ‘perfilar’ periodistas, políticos opositores, funcionarios de la Presidencia, organizaciones no gubernamentales y hasta a varios miembros del Ejército, ya está dejando huella.

Veamos no más como Naciones Unidas le reclamó  al  gobierno colombiano tomar todas aquellas acciones adicionales” que garanticen que no se repitan actividades contra la prensa y demás sectores civiles. 

No son los escándalos, ya Colombia debe de ponerle término a ese tipo de actuaciones que lo único que provocan es un grave debilitamiento de sus bases democráticas puesto que andar escuchando soterradamente y sin que medien acciones judiciales de por medio, no es más que un mecanismo ilegítimo, propio de regímenes de  facto en donde la libertad de expresión no existe y el derecho a la oposición es algo ilusorio.

¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos? Esto es vital que no solo el país sino que la comunidad internacional lo conozcan, como bien lo reclaman quienes fueron objeto de esa gran operación para espiarlos a ellos y a sus contactos.