Otra vez, el glifosato. Y, otra vez, la polémica de nunca acabar y la amenaza de sectores campesinos radicales de llegar hasta las vías de hecho en defensa del cultivo ilegal de coca.

Y, aunque sectores vinculados a los cocales y el tráfico de cocaína, como las Farc, están, hasta donde se sabe, al margen, el anuncio del gobierno de regresar a la eliminación de la coca mediante la fumigación o el medio que sea, traerá otra vez la violencia. Es lo que nos tememos.

La decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de mantener el uso del herbicida en la destrucción de cultivos de coca, tiene, sin embargo, un punto que no es claro: si los soldados y policías van a estar junto a la planta para fumigarla, ¿no es más económico y de resultados instantáneos erradicarla? ¿Cuál es, así, la justificación para usar el herbicida, cuyos efectos tardan varios días en hacerse palpables?

No está demostrado cabalmente que el glifosato sea inocuo para la salud de las personas —tampoco, que no lo sea—. Ese margen de duda podría ser tenido en cuenta para rediseñar la campaña de eliminación, con mayor razón, si se toma cuenta será la postura del nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, de rechazar el uso del químico bajo cualquier modalidad.

Lo que sí está demostrado es que la aspersión aérea en los cocales —que la Corte Constitucional ordenó suspender—, al menos entre 2009 y 2012 dejó un resultado que se debe tener en cuenta: bajo impacto en los cultivos y unos altos riesgos para los operadores, además de tensiones y violencia en algunas zonas.

Desde cuando comenzó el uso del glifosato, se han fumigado 1,5 millones de hectáreas, pero el cultivo de coca se ha mantenido en niveles muy similares.

En cambio, han sido visibles los resultados del herbicida en los cultivos de pancoger cercanos a los cultivos fumigados, algo que esta vez se podría obviar en la medida en que la aspersión será muy focalizada, mata por mata. Desde luego, aún falta conocer los resultados de estudios del impacto medioambiental.

Es bien conocido que una de las regiones donde los cultivos ilegales de coca han crecido en medida considerable en los últimos tiempos es Norte de Santander, donde se calcula que hay 13.610 hectáreas cultivadas que, como sea, deberán ser limpiadas de coca.

Solo que acá, con la Mesa del Catatumbo, existen algunos compromisos no formales para suspender la erradicación de coca en la región, compromisos que, interpretados por algunos sectores campesinos, parecerían definitivos. Pero no lo son. Los reales compromisos son para garantizar todos los costos que se puedan derivar de la sustitución de cultivos.

En todo caso, lo fundamental es la sustitución de la coca por cultivos que sean lícitos, y así lo establecen los diálogos de la Mesa del Catatumbo y lo indica el sentido común.

Que algunos campesinos y sus líderes foráneos hablen de paro a partir del momento en que se erradique la primera mata de coca es parte del tira y afloje de la negociación, que le corresponde al gobierno manejar.

Desde luego, siempre hay que tener en cuenta los conceptos científicos de organismos ambientales, como Corponor, en torno del impacto que pueda causar el glifosato o el químico que sea en el medioambiente, en una zona que ha sido atacada desde diversos flancos.

Pero a nadie le deben quedar dudas de que toda la coca de Catatumbo se debe eliminar, ya sea erradicándola, como se venía haciendo; fumigándola desde el aire, como ya se hizo, o aspergiéndola con glifosato mata por mata, como ya lo anunció el gobierno. Nadie puede llamarse a engaños.