Alrededor de los retornados venezolanos que por decisión propia dijeron que prefieren volver a su patria antes que quedarse en países vecinos viviendo penurias de toda clase, surge un hecho preocupante que bien pudiera tipificarse como presunto tráfico de personas.

Podríamos llamarlo como una especie de ‘coyotes’ parecidos a los que actúan entre México y Estados Unidos, y que aquí intentan aprovecharse de la nueva crisis humanitaria que padecen quienes un día decidieron poner tierra de por medio para escapar de los graves problemas de Venezuela.

El denominado mecanismo de los corredores humanitarios es el único autorizado para que desde ciudades como Bogotá, Cali o Bucaramanga viajen hasta la frontera en Norte de Santander o Arauca los migrantes en proceso de devolverse para sus lugares de origen al otro lado del río Táchira o Arauca. 

Ese es el canal oficial para un proceso ordenado y dentro de los protocolos sanitarios que se deben cumplir, para el manejo de una población flotante que deberá cruzar en bus varios departamentos antes de arribar a La Parada, donde deberán hacer otra estación en cumplimiento del procedimiento de paso a cuentagotas instaurado por el gobierno del vecino país para permitirles seguir a su territorio.

Usar otro sistema como el que se ha denunciado de un ‘paquete de retorno’ que incluye los pasajes en bus, alimentación y refrigerio, incluyendo el pago que según el ofrecimiento les permitirá que la frontera se les abra como por arte de magia, lógicamente, por las trochas, que son dominadas por contrabandistas, bandas criminales y demás organizaciones armadas ilegales, es una estafa.

Caer en manos de este tipo de traficantes como consecuencia de ‘viajar a todo riesgo’ puede resultar siendo una aventura de alta peligrosidad, puesto que al tratarse de operaciones al margen de la ley, pueden conducir a hechos peores, como la desaparición o intentos de trata de personas o de reclutamiento forzado.

Tampoco se descarta que sean maniobras de estafadores que pueden estar viendo aquí una oportunidad para quitarles el dinero a estas personas y luego desaparecer, borrándoles la ilusión de un pronto y seguro regreso al hogar del que salieron años atrás por insalvables inconvenientes económicos y sociales.

 Cualquiera de los dos casos no dejan de ser hechos delicados y que merecen la atención inmediata de las autoridades migratorias y policivas para montarles una estrategia de seguimiento y proceder luego a desbaratarlas, porque de lo contrario tenderán a convertirse en un monstruo de mil cabezas que se alimentará del incesante flujo migratorio.

Ya son incontables las acciones delincuenciales en nuestro país como para permitir el crecimiento y consolidación de esta especie de timadores y de coyotes que decidieron atacar para convertir en sus presas a los migrantes a quienes la pandemia del coronavirus les quitó el empleo y cualquier posibilidad de supervivencia tanto en ciudades colombianas, como en países vecinos de donde han llegado hasta caminando.

De todas formas las autoridades colombianas les han advertido a los venezolanos que no deben arriesgarse a caer en este tipo de estafas y engaños que obviamente no solo ponen en riesgo el bolsillo y los recursos económicos sino también las condiciones de seguridad de quienes viajan.