Pareciera que se lloviera sobre lo mojado o que fueran asuntos reiterativos sobre los cuales casi nunca se logran resultados reales y lo que ocurren son escándalos de todas las magnitudes a los que se les abren investigaciones exhaustivas que no van  más allá de los titulares de prensa.

Es el caso del sector de la salud que, lastimosamente, durante muchos años ha sido manejado como repartija burocrática y botín para quienes con maniobras corruptas se alzan con los recursos del Estado, poniendo en peligro a miles de personas en el país, al no poderles ofrecer las atenciones médicas debidas y oportunas.

Está ahora en marcha el procedimiento para la elección o designación de los gerentes de los hospitales públicos, en Colombia y Norte de Santander, para los próximos cuatro años de actividades.

Ahí figuran instituciones tan importantes como el Erasmo Meoz de Cúcuta, el Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, el Hospital Regional Noroccidental   de Ábrego y la ESE Imsalud, en Cúcuta, las cuales deben estar a salvo de la agenda de quienes siempre planean operaciones para su degradación y seguirse llevando a los bolsillos miles de millones de pesos, mediante acciones ilegales.

Es indudable que para llegar a dirigir esos centros hospitalarios es indispensable que exista y perdure la meritocracia por encima de los amiguismos o de la politiquería y así llevar allí a personas preparadas debidamente para adelantar esa misión y con un elemento muy importante, que en sus venas y en su piel la ética y la honorabilidad sean el factor que dirige sus vidas.

Luego la hoja de vida, el comportamiento a lo largo de su misión profesional y el desarrollo de exigentes exámenes de sicotécnicos y, en este caso, de manejo gerencial y científico de los hospitales, que el coronavirus ha permitido demostrar lo urgente y necesario que es tener un sistema de salud fuerte y compacto.

Además, a estos gerentes que asuman las gerencias les corresponderá -si se puede llamar así- la histórica misión de ponerse al frente de una gran estrategia para reformular el sistema de salud de los colombianos, con el fin de eliminar la intermediación, lograr la dotación, el pago de las multimillonarias deudas y la asignación de recursos para insumos y medicinas.

Y, lógicamente, cerrarle para siempre la puerta a las famosas cooperativas u otras firmas que se inventan para la contratación de los médicos, enfermeras y demás personal de la salud, que finalmente son enganchados por OPS con salarios bajos y sin las prestaciones sociales requeridas para personas como ellos que luchan por la vida de millones de pacientes en Colombia.

Y volviendo a Norte de Santander, debe de ser una obligación llevar a esas gerencias personas idóneas y transparentes, porque aquí como región fronteriza, no solamente se soportan todos los demás males que golpean al sector de la salud, sino que carga encima la presión de la oleada migratoria venezolana, que  como se sabe, tiene un fuerte impacto sobre el sistema hospitalario local.

La COVID-19 le ha hecho caer en cuenta a los nortesantandereanos que el sistema hospitalario es de gran trascendencia y por esa razón reclama que el proceso de designación de gerentes sea lo más estricto, pero que quienes lleguen allá, no tengan tacha alguna, ojalá sin sesgo político y se ventile su plan de acción y cómo han actuado a lo largo de su ejercicio.