El regreso sano y salvo de Cristo José Contreras a su casa debería ser el último de una víctima de secuestro en Colombia. No solo el último de un niño, sino el de cualquier persona. El secuestro debe desaparecer ya mismo y pasa siempre…

Y debería ser el último caso de la historia de un niño maltratado, ofendido por quienes creen que un inocente absoluto, como es un menor, debe pagar por lo que, eventualmente, su padre deba, si es que algo debe.

Ojalá hubiera sido ayer el día que marque el final de las páginas más negras e infames de la historia, que deje atrás, para siempre, la actividad criminal en general, pero la que tiene que ver con el secuestro y con el maltrato infantil, en particular.

Con el niño fuera de peligro, es obligación imperiosa de todas las autoridades, en una de las zonas con mayor vigilancia por parte de los órganos de seguridad del Estado, encontrar a los responsables del secuestro e imponerles los mayores castigos establecidos por la ley. Dentro de la legalidad más absoluta, desde luego.

¿Cómo calificar el secuestro de un niño que va para su escuela? Es un absurdo y un acto miserable que, por donde se mire, viola todas las protecciones jurídicas de los menores de edad como tales y como personas.

Por fortuna, todo el país parece haber rechazado esta canallada. Por fortuna, porque este país ha llegado a grados de insensibilidad tan irritantes, que se lamenta una masacre solo cuando supera determinada cifra de víctimas, y eso no puede seguir así en esta sociedad tan quebrantada, tan adolorida, tan cicatrizada.

Y, conjuntamente, establecer en qué está fallando todo el sistema de seguridad que dicen está en práctica en el Catatumbo, porque, hasta donde hay conocimiento, el control militar y policivo de la región es total. Con 12.000 soldados y estaciones de Policía en todos los pueblos, no se puede pensar en nada diferente.

Sin embargo, hecho tras hecho, allí se está burlando la presencia del Estado y de sus agentes, y el crimen está de nuevo en auge. Quizás falta diligencia por parte de los militares y policías para saber quién es quién en la región, pero, en especial, para prevenir que ocurran hechos lamentables.

Ya hay voces advirtiendo que organizaciones al margen de la ley, como el Eln, podrían encontrar primero que las autoridades a los secuestradores del niño. Ojalá las cosas no se den de esa manera, porque así los agentes oficiales no solamente serían el hazmerreír de todos, sino que la histórica ausencia del Estado en la zona quedaría mucho más que confirmada.

Ya el niño está con sus padres, ya las aguas revueltas parecen calmarse. Es la hora de comenzar a invertir la cultura que anida en el Catatumbo, y de darle de nuevo el valor a los principios trastrocados por razón del dinero fácil generado en la droga, que tiene en esa región uno de sus principales factores: los cocales y las rutas para su envío al mundo.

El Estado, y toda la sociedad, tienen que hacer de esa tarea una prioridad, y destinarle todos los recursos necesarios para hacerla realidad.