Poco a poco, Washington está reactivando las viejas tensiones de cuando el Norte y el Sur desarrollaban una dinámica de confrontación creciente y casi que de ruptura. El Norte era, por supuesto, Estados Unidos, y el sur, todo lo demás del Continente.

Eran, en términos políticos y, en cierto modo, despectivos, pero pragmáticos, el Imperio o la Metrópoli y sus satélites o el gran patio trasero, en una relación en la que se privilegiaban los intereses geopolíticos y económicos de Washington, que prácticamente imponía normas de comportamiento para todos los demás países.

La ampliación hemisférica de la democracia llevó a que la rispidez generada por el tipo de relación se fuera superando, hasta que todos los países comenzaron a tratarse de manera mucho más igualitaria y equilibrada.

Como consecuencia, se generó una pérdida notable de poder hegemónico y de influencia de Estados Unidos, que lo llevó a reformular su diplomacia y a hacer esfuerzos para dar pasos antes inconcebibles, como dialogar con Cuba y permitirle el acceso a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero, con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y sus republicanos populistas y extremos, ese diálogo interamericano espontáneo y abierto a todos se cerró de manera abrupta, en especial desde cuando para ellos México pasó de vecino, socio y aliado incondicional, a ser casi un país enemigo.

En ese ambiente hostil, el Senado estadounidense se mostró partidario de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela más allá de cancelarles la visa de visitantes a algunos altos funcionarios revolucionarios y bolivarianos de Caracas, incluido el vicepresidente Tareck Zaidan El Aissami Maddah.

Una de las sanciones sería buscar que la OEA active la Carta Democrática Interamericana en relación con Maduro y su gobierno. La carta es un instrumento que proclama como objetivo fortalecer y preservar la institucionalidad democrática, al considerar que Venezuela es un obstáculo insuperable para participar en todas las instancias de la organización hemisférica. Así, sería excluida.

Sólo que para aplicarla se necesitan 18 de los 34 votos de la OEA, y en las actuales circunstancias parece muy difícil que Estados Unidos logre un consenso que le permita castigar a Venezuela.

Brasil, México y Colombia, los países latinoamericanos con mayor peso en la OEA, no estarían ni prestos ni dispuestos a apoyar la carta. México, por razones obvias; Brasil, porque en vez de plegarse a Estados Unidos prefiere erigirse como la potencia del Sur, y Colombia, porque no desea pelearse con su vecino.

Pero, aunque Estados Unidos logre su objetivo, Venezuela no tendría mucho de qué preocuparse: Cuba lleva 50 años por fuera de la OEA y, exceptuando el embargo, ha sobrevivido casi sin recursos. Venezuela, en cambio, tiene de sobra y de los más valiosos.

De todas maneras, será muy interesante seguir de cerca el tira y afloje entre Trump y Maduro, en momentos en que Estados Unidos tiene muchísimo más de qué preocuparse en el mundo (China, países musulmanes, Europa, México, Rusia y sus amigos), que de lo que ocurra en Caracas.