Razones y argumentos de sobra tiene el pedido del  Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Norte de Santander para que se tenga en cuenta el dañino efecto que sobre la liquidez de las empresas ha  causado la pandemia del coronavirus y de esa manera no se les castigue a aquellas que no pudieron mantener el requisito de generación de empleo dentro de las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE).

Es razonable actuar con anticipación, porque en una eventual revisión estricta de los requisitos de las sociedades que se inscribieron está latente el peligro de que pueda llegar a ‘marchitarse’ dicho sistema especial, porque no son una ni dos las que resultaron golpeadas por esta crisis, sino el 80% de las que pidieron acogerse a ese régimen.

Al mermarse el flujo de caja por la paralización y lenta reanudación de la actividad productiva, las nóminas sufrieron directamente el coletazo llevando a muchos empresarios a suspender contratos  y a recortar el número de trabajadores, significando para los que habían optado por las ZESE, no poder mantener los empleos directos que se generaron (15% de la nómina).

Es indispensable una acción coordinada en este aspecto, porque no faltará que un mando medio en la DIAN o tecnócrata en sus oficinas de Bogotá, olvide o pase por alto el estancamiento y caída de todos indicadores económicos por efectos de la COVID-19, y saque de las ZESE de un plumazo a unas 650 empresas, la mayoría asentadas en esta zona fronteriza.

A lo manifestado por el Colegio de Contadores deben sumarse con urgencia la Gobernación, la Alcaldía de Cúcuta, los congresistas y los demás gremios, para en conjunto hacerle ver a la administración central que es urgente y necesario actuar en ese sentido, para que no se vaya a perder ese mecanismo.

Es que no debemos olvidar que las ZESE, bien encaminadas e impulsadas, ayudará a enfrentar varios de los males que nos agobian desde hace mucho tiempo, como lo es el desempleo, la informalidad y la destrucción del tejido empresarial, sobre los cuales debe actuarse con la debida urgencia.

Nuestros legisladores tienen la misión de adelantar las acciones requeridas para que en la Ley

1955 de 2019, modificada por el artículo 147 de la Ley 2010 de 2019, se incluya un parágrafo que tiene como propósito ser la tabla de salvación para quienes por el efecto pandémico no podrían seguir dentro de la ZESE.

El salvavidas en mención diría, como lo propuso el gremio de contadores:  “Si por efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, con ocasión a la declaratoria de la emergencia sanitaria en el mes de marzo del 2020 por efecto de la pandemia COVID-19, la sociedad incumple con el requisito de generar y mantener el aumento del empleo directo, quedará excluida del régimen especial, en el año gravable en el que incurrió en el incumplimiento, pero podrá acceder al mismo régimen especial en el año siguiente, previa inscripción de la sociedad acreditando nuevamente el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente artículo y los que señale el reglamento”.

 Hemos hecho un cálculo con las empresas que se han inscrito a las ZESE, las cuales estaban generando entre 4 y 5 empleos nuevos, por lo que se perderían entre 3.000 y 3.500 puestos de

trabajo para los cucuteños, que son los que representan esas 650 empresas; es la advertencia que queda gravitando, en el caso que nada se hiciera y aplicaran la cláusula a quienes no puedan mantener los puestos de trabajo prometidos, según los cálculos del gremio regional de los contadores.