Se registra o se registra y paga o paga. Y el que no cumpla con estos requisitos por ser tenedor o poseedor de un vehículo de placa venezolana en Norte de Santander quedará del otro lado, en el de la ilegalidad con las consecuencias que esto acarrea, porque es que en verdad ya no se le debe dar más largas a este asunto de meter en cintura al parque automotor extranjero que rueda en nuestro departamento.

Ya era hora que arrancara. No puede ser posible que sigamos asistiendo al espectáculo de que los carros y motos que usan la malla vial de los municipios no pongan ni un centavo para el mantenimiento de las vías, dejando esta obligación solamente en manos de los propietarios de vehículos colombianos, como si esos autos, por ser extranjeros, tuvieran corona.

Como no ha existido un censo real, comprobable y creíble sobre estos automóviles, camionetas y motocicletas, sus propietarios y conductores creen tener “patente de Corso” para violar las más elementales normas de tránsito y de convivencia en la vía, porque actualmente no existe ninguna identificación en los sistemas de registro de tránsito colombianos que permita conocer a su propietario o su domicilio. 

Ese fantasma que ayuda a la congestión vial y a la correspondiente contaminación ambiental, empezó un conteo regresivo para su desaparición, porque el decomiso por contrabando de los automotores que no se sometan a esta práctica, es el destino final de los mismos. 

A la internación no hay que temerle, por el contrario, es un beneficio para las gentes de frontera, y quienes se acogerán a esa regulación que ahora cuenta con fuerza de ley, pues el registro quedó contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, también deben entender que les llegó la hora de comportarse como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su ciudad y de sus municipios, o sea, tributando por su vehículo, pagando el SOAT y cumpliendo con requisitos básicos como la revisión técnico mecánica.

Entonces, la misión es muy fácil. No implica nada del otro mundo y más  bien abre las puertas a quienes como habitantes de Norte de Santander compraron automotores matriculados en el vecino país, porque ya no hay que llevar ningún tipo de registro entregado por las autoridades venezolanas o algún título de propiedad, sino una declaración sobre la legalidad y propiedad, y el procedimiento es por internet, directamente en la página de la Alcaldía de Cúcuta. Para esto tampoco hay que acudir a intermediarios ni nada que se parezca. 

Además, el mismo mecanismo entró a aplicarse en Los Patios, Villa Rosario, San Cayetano, El Zulia, Puerto Santander, Ocaña y Pamplona, e irá, igualmente, hasta el 10 de octubre.

La definición de aspectos como por ejemplo, cuantos vehículos y motos venezolanas realmente ruedan en la ciudad y el departamento, el real cupo de gasolina colombiana que podría consumir la región si todos usáramos la colombiana, de cuanto contrabando de gasolina estamos hablando y algunos otros indicadores que irán surgiendo de los datos que se consoliden,  serán fundamentales para tener un mayor y real conocimiento de nuestra economía de frontera, generalmente tan difícil de entender por la ausencia de datos ciertos.

Las autoridades tendrán, por su parte, un insumo estadístico vital para desplegar las operaciones anticontrabando en el frente automotor, ya que se acabaría el ingreso de los mismos una vez vencido el plazo, cuestión que además estimularía la formalidad en la compraventa de los mismos,  cuestión de la que se quejan los concesionarios locales que ofertan diferentes marcas de carros colombianos, quienes en los últimos meses han visto frenadas sus operaciones comerciales como consecuencia del mercado ilegal de carros y motos venezolanos, que aunque la frontera esté cerrada al paso vehicular, ingresan por las trochas. 

Entonces, dentro del llamado a la legalidad que con tanta insistencia hacen los gobiernos central, local y departamental, y a esta posibilidad de tener el carro o moto venezolanos con todos los papeles en regla en Norte de Santander, lo justo, adecuado y enmarcado dentro de la ley, es registrar y pagar, para ahí sí poder exigir.