El vídeo que circula en las redes sociales desde el domingo pasado, en el que se observa un automóvil en movimiento con un policía aferrado al capó y seguido de otros policías en moto, es espeluznante, pero igualmente indicativo de lo que está ocurriendo en Cúcuta con la autoridad.

No la hay, y si existe, carece de la fuerza suficiente para imponerse sobre los ciudadanos y hacer cumplir las leyes. Lo que se percibe desde hace un tiempo es que los ciudadanos hacen lo que quieren con quienes representan la autoridad, y se limpian las manos con las leyes.

En otro país, una mujer como la del vídeo, que no atropelle sino que intente agredir a un policía, puede ser objeto incluso de una acción armada y ser muerta en el lugar. Y si tuvo suerte, un juez no le perdonará nada: la encarcelará por mucho tiempo, sin derecho a rebajas.

Allí, la autoridad del Estado es sagrada. Acá, no. Acá es objeto de burlas y de escarnio. En otras partes, irrespetar a la autoridad es una excepcional acción de los ciudadanos más atrabiliarios; acá es cuestión de juego, de diversión, de recreación, y causa de orgullo.

Pero, ¿por qué se ha llegado a tales extremos, por qué razón se han superado los límites ciudadanos? ¿Cuál es o cuáles son las causas que han llevado a que los cucuteños tengan más respeto por un semáforo que por un policía, o que prefieran gastar su dinero en cualquier cosa antes que pagar impuestos, por ejemplo?

Si tales actitudes ciudadanas obedecieran a lo que sugieren conversaciones y quejas callejeras, podría argumentarse la corrupción de los policías como una razón importante para que las personas actúen como la mujer del vídeo, como si los uniformados fueran enemigos.

En reiteradas oportunidades, por todos los medios, la ciudadanía le ha hecho saber a la institución armada que sus agentes, en muchas regiones del país, no son, precisamente, un dechado de honradez, de integridad y de ética, sino todo lo contrario. Y señalan la inactividad de los policías en situaciones que, al decir de los ciudadanos, no son garantía de que puedan obtener beneficio monetario alguno.

Lo que disgusta más, sin embargo, es que los responsables de la Policía sigan tolerando ese ambiente de corrupción y de inmoralidad, y que las promesas de que van a intentar una depuración de su fuerza, generalmente son muy tímidas, por decir lo menos.

Desde luego, por muy sólidas que puedan ser las razones para no respetar a la autoridad, el deber ciudadano señala en el sentido contrario, y la sensatez y la lógica aconsejan no permitir que el salvajismo se apodere de las relaciones sociales.

La situación no afecta solo a la Policía: también se refiere a las autoridades civiles, a las que se trata sin ningún respeto, sin ver en ellas a servidores públicos, algunas veces con grosería y altanería, y por razón de argumentos similares: el clima de corrupción y de abuso que se vive en el sector público local.

No son estas, sin embargo, justificaciones válidas. La autoridad es el Estado mismo en muchas situaciones, y sus representantes encarnan la dignidad de ese Estado, querámoslo o no.