Se equivocan el Fiscal General, Eduardo Montealegre, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes: contrario a lo que ellos sostienen, no hay posibilidad de que la Fiscalía u otra autoridad “prohíban que medios de prueba sean hechos públicos”. No, al menos a la prensa.

En tres palabras lo ordena el artículo 20 de la Constitución Nacional: No habrá censura. Y este mandato no admite ni interpretaciones ni soslayos, ni del Fiscal, ni de autoridad alguna, menos de un ministro. Se basa en el principio universal de que todo individuo esa libre de expresar su pensamiento.

Cualquier intento de interpretación que se haga de estas tres palabras será, en sí mismo, un intento de censura, porque, a la luz de la norma suprema, en Colombia la prensa es libre, aunque a algunos les disguste este fundamento de la democracia.

El fiscal Montealegre considera que, en caso de un delito, audios, videos, fotos u otros documentos relacionados con él, deberán ser conocidos de manera exclusiva por los fiscales, y con su posición intenta borrar de un plumazo el derecho fundamental de las personas de informar e informarse y, en cierto modo, las criminaliza.

El Fiscal puede estar seguro de que este diario jamás entregará a fiscalía alguna ningún documento que tenga, sobre el asunto que sea, sin haberlo publicado, si tiene mérito para ello.

Mucho menos pueden esperar las autoridades que violemos el secreto de nuestras fuentes informativas.

Aceptar la tesis de Montealegre es cohonestar con la censura y los recortes que se pretenden a garantías y a derechos fundamentales.

Han sido muchas las batallas libradas en defensa de la libertad de expresión, sin la cual la democracia no es posible,  y del derecho a informar y ser informado en libertad, como para dejarlas de lado y permitirles a los altos funcionarios del Estado pasar por encima. E impedir que un diario, en uso de la libertad, publique lo que se tiene que publicar, se llama censura.

Ninguna ley, ni la penal, ni interpretación alguna de la norma general, está por encima de la Carta, salvo, según algunos teóricos, los tratados internacionales, y no existe alguno que determine que los medios no pueden tener acceso a medios de prueba y darles el uso adecuado, antes que la Fiscalía o la Justicia.

Al respecto, es oportuno transcribir tres normas constitucionales que el Fiscal y el ministro están desconociendo y que consagran derechos y garantías para la libertad de expresión:

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.

Que los dos altos funcionarios pueden pedirles responsabilidad a los medios, desde luego, aunque, la verdad, en Colombia esta puede pasar por una recomendación inocua: en términos generales, la prensa colombiana es responsable, y hay muchos años de historia para demostrarlo.

Confiamos en que lo del Fiscal y el ministro haya sido un desliz motivado por la premura impuesta por las circunstancias de la violencia sistemática, que a veces exige resultados que parecen imposibles en el tiempo.

Ojalá sea eso, y no un desesperado acto de poder en busca de neutralizar a los medios que, en muchas oportunidades, acceden a medios de prueba que a los fiscales les es imposible, por razones que no son del caso analizar.