Nadie duda de que Venezuela necesita ayuda, para superar la crisis que vive y que la está llevando a una hecatombe. Por eso, toda ayuda es imperiosamente necesaria y urgente, en especial en lo relacionado con la atención en salud, campo en el que miles están padeciendo mucho más que el dolor físico.

En situaciones así, se acostumbra a que los países ricos —o los vecinos del que necesita apoyo— deciden brindar ayuda solidaria. Pero no necesariamente esa ayuda es catalogada internacionalmente de humanitaria, por cuanto carece de los elementos que permiten caracterizarla de esa manera.

En el caso de Venezuela, la que se pretende es ayuda solidaria, claro, porque demuestra una adhesión circunstancial a la causa de darles a los enfermos todo o un poco de lo que necesitan, por ejemplo. Y este tipo de ayuda la puede brindar cualquier persona, cualquier organización, cualquier país, incluso.

Pero no tiene el carácter de humanitaria, como lo entienden y lo consagran las normas internacionales, porque están ausentes los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional, además de que no hay respuesta a consecuencias de fenómeno naturales (sismos, tsunamis, etc.) o una guerra.

Definir un mal gobierno como una especie de guerra contra el pueblo, para justificar la ayuda, es una postura política que liquida el carácter humanitario. Y esa es la situación con Venezuela.

No lo dice, por el absoluto respeto que la Cruz Roja tiene hacia las políticas de los países o de las organizaciones, pero no hay duda de que esta razón —ayuda promovida por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia— fue la que llevó al Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) a marginarse de la idea del apoyo a Venezuela.

La Cruz Roja es la garantía plena para la humanidad de que un acto como ayudar a los necesitados es imparcial, neutral, humano y administrado de manera independiente por ese organismo. La Organización de Naciones Unidas (Onu), por su parte, asumió respecto de Venezuela una posición similar a la del Cicr. 

En el caso actual, hay intereses políticos muy marcados. Por esa razón, cualquier gesto solidario de los gobiernos que han reconocido o desconocido a una de las partes, o de los opositores, no es ni imparcial ni neutral y por lo tanto, podría presumirse que dichas ayudas pueden terminar favoreciendo solo a un sector, en un país donde las necesidades son generalizadas. 

El hecho de que no se haya consultado con las dos partes involucradas en la complejísima crisis de Venezuela, el paso de las ayudas podría interpretarse como un gesto de provocación.

La presión sobre Venezuela es cada día mayor y buena parte del mundo sigue esperando que Maduro –teniendo en cuenta el desastre económico, social, político que generó en el país– acepte negociar y acceda a convocar unas elecciones con veeduría internacional imparcial, que determinen la verdadera voluntad del pueblo. 

Si está tan convencido del respaldo de las masas a su gobierno, no debería temerle a que ese apoyo vuelva a manifestarse en unas elecciones libres.

Mientras el mundo observa expectante el desenlace de este asunto, los ánimos en Cúcuta están crispados por las situaciones lamentables que podrían presentarse con el paso de las ayudas y que podría derivar en una violencia que ya nadie podrá contener.

Ojalá no se den los pasos necesarios para que esto suceda.