Pocas familias en Colombia han padecido el flagelo del secuestro como los Cabrales. 

Ramón o ‘Moncho’, como se le conoce, es la víctima más reciente de una larga cadena de cuatro secuestros que iniciaron casi que en el mismo lugar y que terminaron con la muerte en cautiverio de dos miembros de la familia. 

En febrero de 1988, las Farc se llevaron a Pedro Cabrales Aycardi, un tío suyo. Su familia pagó dos veces el rescate exigido pero nunca lo devolvieron. Tampoco pudieron recuperar el cuerpo. Tres años después, en junio del 91, le tocó vivir lo mismo a Ramón José Cabrales Aicardy, quien también murió secuestrado. Como padecía de una enfermedad severa, su familia propuso al Eln canjearlo por otro familiar, Federico, quién se internó en la selva esperando que devolvieran a su hermano, pero este ya había muerto para el momento en que se hizo el intercambio. 

Moncho es esposo y padre de dos niños. Al momento de su secuestro se desempeñaba como Alto Consejero de la Gobernación para Ocaña. Su plagio se dio por razones políticas y económicas, según dijo en una llamada que le hizo a su madre poco después de su desaparición. 

El próximo tres de febrero se cumplirán cinco meses del secuestro de Cabrales y hace pocos días se conoció una prueba de supervivencia en la que, visiblemente afectado, le pidió a su familia que agilice las gestiones que le permitan volver a la libertad. 

Su familia, como es apenas lógico, le ha solicitado atención al gobierno, pero poco eco han tenido en la Casa de Nariño y sus alrededores.  

Incluso, la prueba de supervivencia, que confirma que Cabrales es víctima de una de las prácticas más macabras instauradas por la guerrilla, coincidió con la búsqueda de los restos del cura Camilo Torres, ordenada por el presidente como muestra de buena voluntad del gobierno para iniciar las conversaciones de paz con esa guerrilla. 

A pesar de las declaraciones de la esposa de Ramón Cabrales en distintos medios de comunicación y de haber solicitado la atención prioritaria del  presidente, parece que para él fue más importante la gestión sobre los restos del cura guerrillero, que sobre una familia ocañera que convive día a día con el fantasma de la muerte de otro ser querido en cautiverio. 

Ahora que se acerca el momento de iniciar los diálogos de paz con el Eln,  no tendría sentido que el gobierno de Santos acceda a sentarse a la mesa conociendo la situación de Ramón Cabrales. 

Lo que el país espera es que se exija a esta guerrilla que lo devuelvan, sano y salvo, como muestra de buena voluntad para iniciar un camino hacia la paz. Y así lo han pedido expresamente sus familiares.  

Muchos nortesantandereanos han vivido en carne propia la violencia del Eln, guerrilla que aún sigue generando dolor, quebrando familias y doblegando espíritus. 

Limpiar tantos años de violencia y dolor con una negociación como la que se viene adelantando con las Farc es una actitud loable del gobierno, pero  todo tiene un derecho. No es posible imaginar que un gobierno legítimo se siente a negociar con una guerrilla que mantiene en la selva a sus ciudadanos, víctimas inocentes que nada tienen que ver con su guerra.

El Estado no puede permitirse ni siquiera correr el riesgo de someter a la familia Cabrales a perder otro miembro víctima del secuestro. 

No es un asunto menor y, para ser francos, el presidente está en mora de tomar cartas en el asunto.