Cerca del primer aniversario del alzamiento popular que fue ahogado en sangre por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, la represión sigue rampante y el diálogo que acompaña la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Vaticano, se encuentra en zozobra.

La Democracia agoniza en la Tierra de Lagos y Volcanes y, con ella, el periodismo independiente también se haya en extinción.

Esta semana, al finalizar su reunión semi anual en Colombia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al gobierno de Managua la liberación inmediata de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, apresados desde diciembre sin el debido proceso y que, según testimonio de parlamentarios europeos, sufren trato inhumano.

El caso de Mora, director del clausurado Canal 100% Noticias de Managua, es particularmente sensible. Unas semanas antes de su arresto había recibido el Gran Premio a la Libertad de Prensa durante la 74a Asamblea General de la SIP, en Salta, a nombre del periodismo independiente de Nicaragua.

Pineda, a su vez, es la única mujer periodista encarcelada en el Hemisferio Occidental.

La SIP rechazó además la impunidad en el asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido hace un año, y cuya investigación fue un montaje para encubrir a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la esposa de Gahona debido a las amenazas recibidas por denunciar la impunidad.

Desde abril de 2018 se han registrado más de 700 agresiones contra el ejercicio del periodismo, la mayoría cometidos por la Policía Nacional, turbas y civiles armados adeptos a Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Esta persecución ha obligado a 66 periodistas a refugiarse en el exilio, como lo corroboró en su mensaje a la SIP la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El sábado pasado, unas horas después de anunciarse los primeros acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un simpatizante de Ortega atacó a tiros a una manifestación opositora con saldo de tres heridos. El lunes, el gobierno también incumplió con el acuerdo que liberaría de la aduana los insumos para la impresión de los diarios La Prensa y El Nuevo Diario.

Es claro que el gobierno nicaragüense utiliza al diálogo como una táctica dilatoria, sin conceder ni un centímetro de espacio a la oposición. En materia de Justicia insiste en que los crímenes perpetrados desde abril de 2018 pueden ser investigados por la policía, uno de los agresores, o la Asamblea Nacional, totalmente controlada por testaferros de Ortega y su esposa.

También el régimen rechaza la inclusión de la CIDH y Naciones Unidas como garantes de los acuerdos de paz. Ambos organismos supervisores fueron expulsados del país el año pasado tras responsabilizar a las fuerzas del gobierno por crímenes de lesa humanidad.

Ante esta situación, cuando las opciones para un rescate de la Democracia se ven reducidas, la comunidad internacional tiene la obligación de mantenerse firme en torno al pueblo nicaragüense que tanto ha sacrificado por su liberación definitiva.

(Este editorial se publica en medios de todo el continente, en un acuerdo al que se suma La Opinión, a convocatoria de la Sociedad Interamericana de Prensa.)