Dentro de su fuero como jefe de Estado, el presidente de la República es la autoridad del Estado a la que, por mandato de la Constitución, le corresponde el manejo de las relaciones internacionales. Y así ha venido ocurriendo con el actual Gobierno y su postura frente al presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

Por supuesto, el presidente Iván Duque no puede estar en todos los actos en los que Venezuela es el centro de atención. Para esto están, entre otros, su ministro de Relaciones Exteriores y otros voceros autorizados, a los que debe haber instruido con precisión sobre los pasos que tiene que dar Colombia respecto del vecino país.

Pero, a veces, los representantes hacen quedar mal al representado. 

Ocurrió en Cúcuta, donde borraron de un plumazo criterios jurídicos insoslayables, quizás solo porque hay que sostener, como sea, una campaña en la que los resultados, al fin de cuentas, han arrojado un gran saldo negativo. 

Desde el viernes, ya no es ilegal cruzar por las trochas ilegales, según Víctor Bautista, Director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, en infortunada e incongruente declaración respaldada por el general Ramiro Castrillón, director de la Región 5 de Policía.

Que en un lapsus linguae Bautista haya dicho lo que dijo, sería entendible; pero que lo haya reiterado y que sus palabras hayan recibido el respaldo del general, lleva la cuestión a un punto en el que se cambia el concepto de lo ilegal según la conveniencia oficial, así, sin discusión siquiera.

¿Cómo puede la Cancillería, de la que depende Bautista, argumentar que el paso por cualquier trocha no aceptada como paso legal, no viola las normas? Si así fuera, entonces ¿para qué pasos legales que, entre otras cosas, están funcionando sin mayores problemas?

Si el paso por las trochas, que tanto han combatido gobierno tras gobierno, dejó de ser ilegal, también, entonces, dejó de serlo el paso de cualquier mercancía… o ¿por qué el paso de personas es legal, aunque se rompan las normas migratorias, pero no lo sería el de mercancías?

Ese nuevo criterio —sus bases jurídicas no fueron expuestas— deja mucho que cuestionar en cuanto a la difusión de decisiones del Gobierno. 

Si el paso por las trochas no es ilegal, tampoco debe serlo llegar a Eldorado y entrar como Pedro por su casa, sin pasaporte, sin visa, sin explicaciones, o por los puertos, introducir lo que a cualquiera le provoque… 

Si esa es la nueva norma, a obedecerla. Pero, ¿por qué no la dieron a conocer antes de que las autoridades locales de Cúcuta y las de Norte de Santander, y las de todos los puertos de entrada del país se desgastaran y desperdiciaran recursos intentando taponar la entrada para ejercer un mínimo control sobre quien entra y quien se va, y qué traen o llevan.

Está bien que el Gobierno adelante todas las acciones diplomáticas que crea convenientes en su afán por acabar con el Gobierno de Maduro. 

Pero no es correcto que en ese afán se barra con criterios jurídicos sólidos, respaldados por las leyes y la propia Constitución, que determinaba hasta el viernes en la tarde que era “deber (…) de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

En esta situación, quizás al Gobierno le venga bien recordarle que, en estos como en otros asuntos, la norma debe ser ni muy muy ni tan tan…