¡Socialista! ¡Narcisista! ¡Ególatra! ¡Caprichoso!, fueron los calificativos lanzados por varios concejales contra el secretario de Gobierno del Municipio de Cúcuta, Francisco Javier Cuadros,  en el debate de moción de censura.

Este ambiente de estigmatización -por no seguir la tendencia unanimista de pensamiento- y los señalamientos  contra la personalidad, nada  tienen que ver con un procedimiento de control político avalado por la Constitución.

En la Carta Magna ni en las leyes aparece que uno por pensar distinto o por cuestiones religiosas, de raza o de forma de actuar pueda ser llevado ante la justicia para someterlo a castigo.

Luego escuchar en una sesión tan importante afirmaciones como esas, deja entrever la  posibilidad de que la moción de censura -para este caso- no tendría los suficientes argumentos sólidos y que el mismo trámite del proceso registra debilidades.

Podrían entonces tener razón quienes cuestionan la actuación del cabildo local en este caso, con advertencias de que abundan los vicios de forma y de fondo que en la eventualidad de llegar a los estrados judiciales no resistirían un análisis a la luz de la jurisprudencia.

Lo peor del asunto es que en vez de salir airosa la corporación en su imagen de por sí desgastada ante la comunidad, lo que en últimas podría terminar es arrastrando mayores cuestionamientos ciudadanos, al mostrar que su querer es oponerse por oponerse al gobierno local.

La consideración por parte del grupo de concejales que está ventilando la moción de censura, que la pintura de unos cuadros en el pavimento para acomodar a vendedores ambulantes en el centro, es la entrega del espacio público en un presunta extralimitación de funciones por parte del secretario de Gobierno, ha dejado  la sensación de un prejuzgamiento.

Sería bueno que los concejales estudiosos -que sabemos los hay- analicen con detenimiento lo ocurrido en Palmira  donde el Concejo tumbó al secretario de Educación (así como aquí quieren hacer con Cuadros), puesto que en ese municipio vallecaucano una tutela le dio la razón dejando sin piso jurídico la moción de censura.

Lanzarse al ataque con miras a obtener como ‘trofeo’ la caída de un funcionario da para muchas interpretaciones: intentar poner contra la pared a la Alcaldía y buscar ‘mermelada’ como dicen ahora o mostrar poderío, generar ingobernabilidad y llevar al desgaste a la administración. ¿Será que en estos tiempos pandémicos, con una economía destrozada, un desempleo galopante, una informalidad desbordada y una inseguridad creciente, la salida es la confrontación política radical y sin cuartel?

Además, en el campo del despeje del espacio público, no solo a bolillo y represión, sino con políticas sociales y económicas, se preguntan los cucuteños que impacto, bueno o malo, ¿tiene una moción de censura?

¿Por qué los cabildantes no llaman a un gran debate para que por fin se construya una política pública que ayude a conjurar los complejos problemas que llevan a la gente a vender en las calles?

Es bueno recordar que después de que fueran levantadas las casetas del centro de la ciudad y que la zona del mercado  fuera enviada a la Nueva Sexta, no se han registrado otras grandes acciones tendientes a recuperar las calles y andenes.

La actual administración municipal  hizo un censo y caracterización de los 3.757 vendedores informales situados entre  las calles 4 a la 12, entre avenidas 4 y 8, con el fin de buscar nuevas estrategias como la reconversión, al igual que se ha hecho con los pimpineros, por ejemplo.

Lo vistoso es que ¡por fin!, después de muchas décadas, al igual que ocurrió con la Personería, pareciera que estamos ante un ‘despertar’ del Concejo cucuteño que de la noche a la mañana ahora sí detecta fallas, males y problemas. ¡Muy curioso!