Que la justicia colombiana camina lento, no queda la menor duda. Catorce años para por fin sentar ante un juez penal al expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, son demasiado tiempo, una eternidad, en verdad.

A estas alturas, el llamamiento a juicio de Palacino puede no significar lo que significa, para muchos que en 2004 pudieron estar al tanto de las acciones de este hombre, al que le atribuyen la responsabilidad directa en la apropiación, en favor de terceros, de unos 400.000 millones de pesos de la salud colombiana.

Como máximo responsable de la catástrofe de Saludcoop, Palacino habría desviado los recursos parafiscales de la empresa (quizás la mayor Eps del país), en acciones que pretendieron aumentar el patrimonio de la compañía, en inversiones que nada tenían que ver con el servicio de salud.

Las inversiones, en el país y en el extranjero, tuvieron que ver con compras de entidades, remodelaciones, patrocinios, bonificaciones, honorarios de abogados, arrendamientos, gastos de viaje, inversiones en el exterior (México, Ecuador, República Dominicana y Panamá), préstamos a socios y pagos de deudas, entre otras actividades.

Esas inversiones las pueden hacer las Eps con sus propios recursos, pero no con dineros públicos, destinados a los afiliados del sistema, como hizo Palacino, según sus acusadores.

Hace algunas semanas, por la razón que haya sido, la Fiscalía General de la Nación desempolvó el expediente y avanzó en el proceso: ordenó arrestar a Palacino y llamarlo a juicio, luego de largos años de inmovilidad procesal.

La investigación permaneció intocable, en estado preliminar, durante toda la administración del exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett, amigo y abogado de Palacino. Se hizo formal con la llegada de Néstor Humberto Martínez a la dirección del ente investigador.

El poder adquirido por Palacino, cimentado sobre las enormes sumas que gastaba, le permitió un cierto nivel de inmunidad del que ahora no dispone.

Palacino ya había sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación y fiscalmente en la Contraloría General de la República, y multado con sumas millonarias. 

Puede ocurrir que sea declarado inocente de los cargos, pero lo importante es que está ante la Justicia, en donde debió estar desde hace varios años, si toda la corrupción generada en la propia fiscalía no hubiera existido.

Ojalá esta decisión de la fiscalía sea la primera de otras, que tienen relación con la corrupción en entidades del Estado, como el caso de Reficar (Refinería de Cartagena), en la que el derroche de dineros públicos fue, en realidad, un torrente incontenible que incluso involucró prostitutas de lujo a cargo de los contribuyentes.

Como consecuencia de los manejos de Palacino, Saludcoop fue a la quiebra, y generó una ola de problemas en el sistema de salud que aún no tiene señales de terminar.

El problema es que los casos pendientes son muchos, algo que puede ser argumentado por la fiscalía como razón para justificar tardanzas, una práctica que está determinando vencimiento de términos, situación que favorece siempre a los acusados.