Si para el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo Rentería, el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez estuvo “viciado de nulidad absoluta, por cuanto es consecuencia de un delito”, solo por la reforma de “un articulito”, muchos problemas surgirían si, para salvar las objeciones de la Justicia Especial para la Paz (Jep) se intenta, como se rumora, reformar el reglamento del Congreso.

Se trata del artículo 200, que establece con claridad que “cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto”. Total, sería, igualmente, un articulito…

Pero no se trata de archivar el sustento legal de la Jep, ya aprobado, sino el proyecto con las objeciones.

La otra vía es que, aunque el Senado apruebe las objeciones, el presidente sancione el proyecto como salió de la Cámara, y nada habrá pasado. Solo un buen tiempo perdido y un deterioro en las relaciones intersegmentos de la sociedad…

El hecho es claro: las seis reformas propuestas por Duque sufrieron una dura derrota en la Cámara, donde fueron rechazadas por 110 votos contra 44. Y, a menos que sea por cumplir los formalismos, pasaron al Senado, donde es posible que sean aprobadas. Pero, a la luz del reglamento del Congreso, el proyecto quedó para siempre enterrado. No hay nada que discutir, menos, nada que reformar, pero las tentaciones no faltarán.

De todas maneras, salta a la vista la falta de experiencia que tanto le señalan al presidente Duque, extensiva a sus colaboradores cercanos, incapaces de calcular el comportamiento de los directorios políticos y de los partidos, decididos, como lo han demostrado, a cumplir compromisos adquiridos a nombre del Estado, no del Gobierno pasado, en relación con los acuerdos de La Habana con las Farc.

Insistir en aprobarla, a través del mecanismo que el Gobierno prefiera, podrá ser considerado, sin temor a equivocaciones, un intento no ya de reformar y, tal vez, dejar sin vigencia la Jep, sino un ataque contra todo el proceso de paz, deseo que no han ocultado los líderes del Centro Democrático y de sus aliados conservadores.

Pretender esto, es comenzar a tocar de nuevo las trompetas de la guerra, en un momento realmente crítico de la historia, en el que, insistimos, hacen falta experiencia en el Ejecutivo, determinación, sinceridad y más sentido común. El episodio de la minga en el Cauca, prolongado por la falta de la capacidad de decidir de los delegados oficiales, demostró un cierto grado de improvisación que, aunque no lo parezca, puso desde el comienzo en desventaja al Gobierno.

Si en la segunda vía, Duque se niega a firmar el proyecto, deberá hacerlo el presidente del Senado, Ernesto Macías, opositor radical al proceso de paz, quien, a su vez, anunció que podría demandar lo ocurrido, porque se desoyó su petición de que fuera el Senado, no la Cámara, el primero en decidir sobre las objeciones, por ser un proyecto originado en la cámara que él preside.

Como se aprecia, reformando un articulito o demandando, la realidad es que el Gobierno y los sectores políticos que le acompañan, están decididos a que el acuerdo de paz quede hecho añicos, como lo anunció uno de sus voceros. Solo que no les será tan fácil, si es que lo intentan.