Si las autoridades actuaran con la coherencia necesaria para que coincidan lo que dicen y lo que hacen, su desempeño sería mucho más eficaz y problemas de vieja data como el contrabando estarían hoy reducidos, no a sus justas proporciones, como dijo un expresidente de la corrupción, sino a dimensiones mínimas.

No sería el contrabando el fenómeno criminal que permea a todos los sectores sociales de Cúcuta y de la frontera, pero que por razones que nadie ha esclarecido, y por costumbre de hace largos años, se mantiene campante, por culpa del Estado.
  
Desde cuando de manera sorpresiva Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera y Colombia se enfrentó al problema del paso masivo de extranjeros por los puentes internacionales, surgió la inquietud, que se planteó al alto gobierno, de controlar con todo rigor la inmigración.

Pero fue solo hasta cuando los cansados habitantes de Cúcuta optaron por las vías de hecho para lograr que sus ruegos calaran en el Gobierno, que hubo algún tipo de respuesta. Tibia y confusa, pero indicativa de que había interés en las soluciones.

Después de semanas de balaceras —que misteriosamente acabaron, sin clara explicación de parte de las autoridades— y de quejas ciudadanas y de los medios en relación con La Parada, hubo necesidad de que llegara todo a conocimiento del alto Gobierno, para que se decidiera reforzar las medidas de seguridad en el sector.

Pero el discurso de que la Policía y el Ejército y la Dian hacen todo lo necesario para enfrentar y liquidar el contrabando —y otros delitos que florecen en la frontera— se contradice con los actos. No hay coherencia. O, si la hay, es a última hora, tal vez cuando a estas entidades se les hace imposible seguir afirmando que hacen lo que en realidad no.

Siempre se ha sabido que innumerables trochas, de las que todo el mundo sabe son, en realidad, factor clave que contribuye a que el contrabando se mantenga. Y desde cuando la frontera cerró, todos los dedos de denuncia señalaron hacia esos sitios, y todos los ruegos llegaron a oídos de las autoridades, para que actuaran…

Carne, combustibles, chatarra, drogas, medicinas, armas, autos… todo pasa por esas trochas, y desde hace muchos años. Sin embargo, solo hasta hace tres días fueron destruidas las más conocidas e importantes de Cúcuta: La Isla, El Águila y El Gordo. No hay duda de que inutilizarlas ha sido un acierto.

Pero, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no se actuó antes de que las calles de la ciudad se llenaran incluso de autos de contrabando, con placas venezolanas y de modelos que, se supone, no pueden estar acá, porque el paso ha estado cerrado?

En este orden de ideas, ¿cuándo habrá una intervención seria, planificada y, sobre todo, sorpresiva, en Puerto Santander, meca del contrabando a gran escala, a pesar del criterio contrario de las autoridades?

En ese pueblo se concentran todos los factores de criminalidad de la región; es por allí por donde entra y sale cualquier mercancía ilegal.

Alguna vez, a una pregunta similar, un alto jefe de la Policía respondió de modo extraño, refiriéndose a asuntos de seguridad nacional.