El paro nacional con marchas y cacerolazos del 21 de noviembre parece ser apenas el comienzo de un movimiento de opinión, que tiene como objetivo fundamental, exigir soluciones a los problemas que afectan a la mayoría de los colombianos. 

A lo que ya se hizo van a seguir nuevas manifestaciones cada vez más categóricas y el Gobierno tendrá que responder a ese querer popular, tomando en cuenta la validez de las peticiones, muchas de las cuales, sin duda corresponden a necesidades no satisfechas, problemas acumulados y tratados con indiferencia desde hace varios años a pesar del reconocimiento de su gravedad.

Las manifestaciones nutridas de trabadores oficiales y del sector privado, de estudiantes, de desempleados, de profesionales, o sea, de colombianos de todos los sectores, ponen de presente que hay un malestar generalizado. 

Es la búsqueda de un viraje en el manejo de la Nación y este propósito es legítimo, porque Colombia se fortalece en la medida que con los cambios se superen las debilidades, las carencias, las exclusiones, y, sobre todo, ese entramado de la corrupción que tanto daño le ha causado.

El Gobierno ha ratificado su respeto al derecho de los colombianos a la protesta social. Es un soporte fundamental de la democracia. 

A esa actitud positiva debe agregar la dedicación a estudiar salidas efectivas a las situaciones invocadas como motivos de inconformidad. 

Se requiere claridad en las decisiones que se tomen a fin de que el remedio resulte efectivo para un paciente con grave padecimiento.

El anuncio del presidente Iván Duque de iniciar en pocos días conversaciones con diferentes sectores es una apertura alentadora y se espera que los interlocutores tengan ánimo constructivo en el examen de los temas llevados a las mesas de concertación. Es una tarea de todos y conviene cumplirla sin prejuicios, sin deseos regresivos.

Debe ser responsabilidad de los conductores de la marcha cerrarles espacios a los saboteadores. El buen desarrollo de estas jornadas ciudadanas también está ligado a la transparencia de todas las acciones propuestas. 

No se debe permitir la infiltración de agitadores, muchas veces alquilados por interesados en deslucir el movimiento. Para los fines de la movilización la violencia es un elemento negativo y no debe tener cabida. 

Los saboteadores, los encapuchados violentos, los agitadores sin principios no deben encontrar escenario en las movilizaciones. 

Ellos sobran y deben ser puestos en evidencia.  Tanto quienes representan al Gobierno, como los dirigentes de la protesta tienen el compromiso de denunciar a los perturbadores. 

Al respecto no deben quedar sospechas de permisividad de parte de ninguno de los investidos de mando. 

Porque no se trata de generar emergencias para más confusiones sino de encontrar salidas efectivas a las perturbaciones sociales, lo cual es igualmente un compromiso del Gobierno si es cierto que se está pensando en la cohesión de los diferentes sectores bajo el común denominador de construcción de una nación democrática en paz y con igualdad de oportunidades para todos.

Cabe resaltar el normal desarrollo que han tenido en Cúcuta y Norte de Santander las manifestaciones. Es un buen indicador del ánimo con que se ha asumido la búsqueda de las soluciones. Hay que preservar ese clima y seguir abriendo espacios que mejoren las condiciones de vida en la región. Muy pronto tienen que medirse los resultados, que deben aplicarse sin pérdida de tiempo.