Mal comienzo ha tenido Venezuela con el nuevo gobierno de Estados Unidos, a pesar de las secretas esperanzas del presidente Nicolás Maduro de que su colega Donald Trump no resultara “peor que Obama (Barack)”.

Hoy, Estados Unidos no solo considera a Venezuela como “una amenaza para la seguridad nacional”, sino que al flamante vicepresidente Tareck El Aissami lo declaró narcotraficante, con todo lo que ello implica.

Y todo lo que está implícito son muchas cosas: la posibilidad de procesarlo judicialmente y en caso de ser hallado culpable solicitarlo en extradición o arrestarlo donde quiera que esté, además de embargarle cualquier propiedad que tenga tanto en Estados Unidos como en otros países.

Desde luego, el objetivo no es el sirio El Aissami, señalado de ser vínculo en América Latina de organizaciones terroristas del medio Oriente, sino la revolución socialista bolivariana, que tiene enemigos ahora sí muy poderosos enquistados en Washington.

Uno de ellos es nadie menos que el nuevo secretario de Estado Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon, que en 2007 se negó a aceptar el decreto de nacionalización petrolera del presidente Hugo Chávez, que ordenaba la formación de empresas mixtas con el sector privado en las que el gobierno tendría la mayoría.

Finalmente, Venezuela pagó por la expropiación, pero menos de lo deseado por Tillerson, que aún no ha olvidado lo sucedido. Ni lo olvidará, y menos con todo el poder que tiene en sus manos.

Pero, más allá de este episodio, la situación de Venezuela, no solo con Trump, sino con aliados de Estados Unidos, se complica bastante. El deterioro en todo lo relativo a las relaciones diplomáticas es evidente, porque además de El Aissami, el señalamiento de narcotraficantes afecta a otros nueve altos funcionarios oficialistas.

Entre ellos está el tercer hombre del régimen chavista después de Maduro y El Aissami, el general Néstor Reverol, actual ministro de Relaciones Interiores. Fue acusado en agosto de haber recibido pagos entre 2008 y 2010 a cambio de alertar a los traficantes sobre futuras redadas policiales.

Con sus sanciones, Washington le está diciendo a Venezuela que, si lo desea, puede cerrar la llave del petróleo con la que Caracas siempre presionó por un mejor trato. Estados Unidos es más que autosuficiente, y ya no tiene necesidad imperiosa de ansiar los pozos y el crudo venezolanos.

Para el gobierno venezolano, la acción de Trump es una ‘agresión imperialista’ y una ‘grosera mentira’. Pero, aun así, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, abrirá una investigación sobre El Aissami y, si es necesario, pedirá apoyo a Estados Unidos, según anunció el congresista Ismael García.

Todo esto no hace más que tender un manto cada vez más oscuro de dudas en torno de la moralidad del gobierno revolucionario en el que, milagrosamente, el nombre de Nicolás Maduro permanece al margen de las acusaciones.

¿Se mantendrá así al menos hasta el final de su mandato? Si no, la revolución podría tener un mal fin, ya que, con la acusación de narcotraficante sobre sus hombros, El Aissami no podría asumir la primera magistratura, a no ser que Maduro lo releve ahora mismo de la vicepresidencia, algo que no parece probable.