Aproximadamente a cuatro veces el presupuesto anual de Pamplona equivalen los $120.000 millones que se anunciaron fueron invertidos, hasta el momento, en la atención a los inmigrantes venezolanos en Norte de Santander. Ese es un recurso importante que ha ayudado a paliar una crisis nunca antes vivida en la región, como consecuencia de la crisis económica y social en Venezuela.

Pero en medio de ese balance que se presentó en la rendición de cuentas de la Secretaría Departamental de Fronteras y Cooperación Internacional, apareció un dato que quedó ahí, en el ambiente, pero que al aterrizarlo, analizarlo y desmenuzarlo debe llamar a ser considerado  con cuidado: en la región hay unos 400.000 colombianos retornados.

Esa cantidad de connacionales que retornaron desde Venezuela y se quedaron en el departamento, corresponde a un poco más de la mitad de la población que tiene actualmente Cúcuta, según el dato del DANE, que la señala en 703.000 habitantes.

Con ellos no más ya se podría estar hablando del municipio número 41 del departamento. Luego esto conlleva a que el Estado debe garantizarles servicios públicos domiciliarios básicos, como agua, luz y alcantarillado. Mirado desde ese punto de vista, la presión e impacto es de una magnitud que debe llevar a considerar inversiones de corto y largo plazo para la consolidación de ese nuevo asentamiento, que obviamente está disperso por la geografía nortesantandereana.

Y también es de gran envergadura la presión que ese inesperado flujo poblacional de los colombianos retornados registra sobre los servicios de salud, a los que tienen derecho porque en sus venas corre sangre colombiana. Esta es una población que luego de no encontrar las condiciones para seguir en la patria de Bolívar, cruzó el Táchira para buscar en su tierra los alivios requeridos.

Este asunto corresponde al de los venezolanos que son hijos, nietos y familiares de colombianos que habían emigrado a Venezuela, pero que a causa de la grave situación huyeron en búsqueda de mejores alternativas de vida. 

Otra prueba palpable de este segmento poblacional que llegó a la región, es la demanda no antes vista en las registradurías de Cúcuta y otros municipios metropolitanos, de parte de quienes buscan tramitar la nacionalidad colombiana o legalizar su estatus en el país.

Lógicamente que resultó importante que en el encuentro señalado se haya puesto de presente esa cantidad de personas retornadas, que seguramente seguirá en aumento en la medida que crezca la oleada de inmigrantes, porque esto sirve para ponerla en el foco del debate y abrir la discusión en torno a las acciones relacionadas con ese importante segmento, pues se trata de connacionales que dirigieron el rumbo hacia la patria de sus mayores.

Con esto, se ratifica una vez más que Norte de Santander es el departamento que está recibiendo una buena parte  del peso de la crisis migratoria venezolana, hecho que debe llamar a la reflexión al Gobierno Nacional a que ponga  a andar las políticas prometidas para esta zona fronteriza, entre las que se encuentra la conversión de Cúcuta en una Zona Económica y Social Especial y que el Congreso de la República saque adelante el Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta, además de reforzar los presupuestos de salud y educación, temas que son los más demandados por la migración.

La ciudad y la región necesitan medidas contundentes para enfrentar esta situación nunca antes vivida.