A veces, el remedio resulta mucho más caro que la enfermedad. O, al menos, más peligroso. 

Es el caso de la solución, adoptada mediante un fallo de tutela, por un juez de Cúcuta que pretende amparar derechos fundamentales de los presos sindicados. Para ello, determinó que deben ir a la Penitenciaría de Cúcuta. 

Que en las estaciones de Policía, donde se recluía a los sindicados de cometer algún delito, no existen las condiciones para mantenerlos recluidos en condiciones humanas adecuadas, es cierto. 

Precisamente, en respuesta a quejas de parientes de algunos reclusos, fue el fallo que ordena a la Policía que en tres días, a más tardar, le entregue al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) los reclusos que están en las estaciones de Policía y algunos Cai de la ciudad. 

Y al Inpec le concedió plazo de 25 días para disponer todo lo necesario, a fin de que esas personas tengan las condiciones de alojamiento y de bienestar que les corresponde como seres humanos. 

Hasta aquí, todo está bien. Pero el juez falló en su fallo, es decir, no tuvo en cuenta circunstancias tan especiales como que en la Penitenciaría de Cúcuta nada más hoy están sobrando 1.300 reclusos. Significa esto que allí hay una sobrepoblación de 50 por ciento, que el hacinamiento es terrible. 

La capacidad del establecimiento es para 2.530 reclusos, y hasta ayer había 3.800, centenares de ellos durmiendo —y sobreviviendo— en los pasillos, los baños, los patios, en condiciones realmente dramáticas de hacinamiento. 

Si el traslado de los reclusos que están en las estaciones se hubiera cumplido ayer, los 378 sindicados de las estaciones hubieran hecho crecer la población de la cárcel a cifras inverosímiles, y hubieran hecho del establecimiento en una especie de olla a presión susceptible de estallar en mil pesados en cualquier momento. 

Son las cosas que ocurren con mucha frecuencia en relación con los fallos de tutela: los jueces ordenan sin conocer la realidad, motivados en ocasiones, además de su conocimiento jurídico, por cierta soberbia que les impide ver el otro lado de la verdad. 

En este caso, no hay duda de que, así fuera incómodos y en instalaciones no adecuadas, los presos sindicados estaban en las estaciones de Policía en mejores condiciones que las que tendrán en la cárcel, donde les esperan condiciones de vida realmente infrahumanas, abominables. 

Pero, tanto la Policía como el Inpec, tienen que cumplir la orden del juez, si no se desea que sus directores sean arrestados y conducidos a la hacinada cárcel por desacato. 

Pocas dudas hay de que el juez está tan despistado que cree que en 25 días el Inpec les tendrá a los presos nuevos las condiciones que él pretende con su fallo. Esa no es la justicia que se necesita: intransigente, soberbia, sin base sólida de la realidad, es decir, injusta. 

Con decisiones de esta naturaleza lo único que se logra es que, argumentando cualquier razón baladí, se recorte el alcance de la tutela, se restrinja, y si se quiere, se elimine, pues a veces, como esta, son más los inconvenientes que genera que las soluciones que aporta.