Es obvio que al desmontar la Estampilla Prodesarrollo Fronterizo se generen consecuencias para alguno de los programas de la Gobernación. Representaba un ingreso que, por razones que no vienen al caso, ya no se dará.

Primero, porque una sentencia del Consejo de Estado declaró ilegal el cobro, en relación con un ordenanza de hace varios años, y segundo, porque, para salirle al paso a la decisión judicial, hubo otra ordenanza dándole vida a la estampilla de nuevo, que fue desmontada por decisión del gobernador, William Villamizar.

Este acto dejó una muy alta cifra de víctimas, según el propio Villamizar. El dinero de la estampilla recolectado en el aeropuerto se destinaba para financiar el programa de becas universitarias del centro de Cúcuta, que según el funcionario, dejará sin  poder seguir sus estudios a 7.868 universitarios de los estratos 1 y 2, los más pobres de la sociedad.

Esta es una catástrofe que se pudo evitar, y que, sin duda, se puede superar con una pequeña dosis de voluntad política, de sentido común y de sensibilidad…

No hay razón suficiente que explique por qué la imprevisión la deben pagar los sectores más necesitados de la población, los estudiantes más podres, aquellos que, sin el apoyo del Estado, perderán, definitivamente, la posibilidad de educarse mejor, en un ejercicio de equidad que los alinee con los demás jóvenes de la región.

Por razón de la estampilla en el aeropuerto, el departamento recibía al año unos 2.800 millones de pesos, de los cuales, 1.000, es decir, una tercera parte, se destinaba al apoyo económico para los universitarios.

Si el departamento no puede conseguir 1.000 millones de pesos cada año y destinarlos a las becas, entonces quedan todas las dudas acerca de lo que se puede esperar de él y de los gobernantes, y de lo que se puede entender como prioritario.

Porque si bien 1.00 millones no son una cifra menor, la realidad es que para una entidad como el departamento conseguirlos es relativamente fácil.

¿Qué tal, restar esa suma a uno de tantos contratos milmillonarios que, con frecuencia, firma el departamento para obras públicas, por ejemplo? ¿O, qué tal si en vez de dejar a los muchachos sin estudio, muchachos que, quiérase o no, son el futuro inmediato del departamento, se impone mayor rigor para cobrar el pago de deudas con el tesoro público?

Y, si en vez de contratar una inmensa burocracia paralela, que no se puede ni siquiera justificar con certeza, se destina el dinero no solo para pagar las becas, sino para favorecer a más estudiantes, ¿no se le dará mejor destino al presupuesto y no serán mejores los resultados?

Porque dejar sin estudio a los pobres no solo habla muy mal del orden de prioridades del gobierno departamental, sino de su real interés en brindarle mejor educación a toda la juventud regional que, si se mira despacio, tiene más derecho que las fichas políticas a las que se entregan millonarios contratos por hacer nada.

¿Por qué la parte más débil de la sociedad debe pagar los platos rotos de una fiesta a la que no ha sido invitada? Algo de lógica es necesaria siempre para gobernar. Y esa está faltando por estos lares…