Dejar levantadas las talanqueras y ‘congelar’ por otro tiempo prudencial el cobro de los peajes en Colombia porque la situación económica en medio de la reanudación gradual de actividades todavía no ha alcanzado para darle la suficiente fuerza, es una petición que debe de ser considerada por el Gobierno Nacional.

La solicitud que proviene del sector del transporte de carga es importante que sea tenida en cuenta como la extensión de los alivios tan necesarios y urgentes en una emergencia de la magnitud que está enfrentando el país debido a la pandemia del coronavirus.

Colfecar en sus cuentas maneja que el combustible y los peajes representan el 46 % del total de los gastos incluidos dentro de la canasta del transporte, que en estos momentos, como en la mayoría de otros renglones, a duras penas está soportando el temporal.

La lógica indica que en la eventualidad de dejar eso así como está, o sea, descartar cualquier fórmula para hacer más llevadera la situación, pues finalmente el consumidor final, que también lleva su propia procesión por dentro, terminaría pagando más, con el obvio impacto inflacionario que esto llevaría.

Realmente, dentro de la oferta de posibilidades para que el Estado apoye a sus ciudadanos en estos momentos tan difíciles, tiene que actuarse pensando en el beneficio social y general, por encima de la estricta ganancia que dictan las reglas del mercado, puesto que estamos atravesando una de las peores e históricas crisis de las últimas décadas.

Entonces, los miembros del equipo económico del gobierno del presidente Iván Duque tienen que tomar la petición de los los transportadores de carga y la logística y  considerar una solución acorde a las extraordinarias circunstancias que atraviesa el país.

Como hoy todos los bolsillos están afectados, hay que extender ese beneficio a todos los vehículos, determinando las variables que se requieran para la aplicación de una nueva congelación de cobros, como la que ya rigió al aplicarse la cuarentena estricta.

Ahí se decidirá  si todos no pagan durante determinado número de meses o si  por ejemplo se aplica una rebaja del 50% en el valor del peaje para todos o si rigen unas tarifas con determinados descuentos, etcétera, asunto que les compete definir a los respectivos ministerios con sus equipos técnicos.

Lo que debe primar en la evaluación de esa petición, es que no estamos hablando de la misma Colombia de hace cinco meses, cuando en marzo se detectó el primer contagio de coronavirus y empezó la emergencia sanitaria con la estricta cuarentena. Eso debe de quedar muy claro porque las mismas cifras gubernamentales confirman que el impacto pandémico sobre los indicadores económicos y sociales ha sido demoledor. 

Incluso, de llegarse a consolidar y producirse efectivamente una decisión a la baja o al no pago temporal de peajes, en contraprestación deberá entenderse que los cobros que se hacen por el transporte de mercancías también entrarían en el ‘congelador’, para irrigar así sobre la economía el favorecimiento de una medida especial de esta naturaleza, para un momento tan delicado como el que estamos enfrentando. Además, los concesionarios deben entender que en estos instantes todos deben poner de su parte para superar la etapa crítica causada por la pandemia de la COVID-19.