El de algunos camioneros es un paro armado, similar a los que organizan sectores de la subversión. El hecho de que no haya fusiles amenazantes no quiere decir que no se trate de una acción intimidatoria, un acto delictivo.

Que sea una expresión de la cultura de la violencia en que vive Colombia desde hace décadas hace ver los actos camioneros como algo natural, normal, e incluso como la única manera viable de presionar soluciones.

Pero no es normal, no puede ser normal jamás, que unos camioneros, la minoría, según el gremio, atropellen a sus colegas, los obliguen a bloquear la vía con sus camiones y amenace con incendiarlos, solo porque están trabajando.

Es una ínfima minoría contra un país intimidado que sabe de sobra lo que son los paros armados. 

Porque, según fuentes del transporte, en la mesa de negociación están representados solo 1.900 de los 384 mil camioneros del país. Significaría que la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) de Pedro Aguilar, la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) de Orlando Ramírez, la Asociación Nacional de Transportadores (ANT) de Marcos Tovar y la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT) de Jorge García, son esa ínfima minoría violenta.

Es muy probable que alguien pueda hacer un símil con las increíblemente diminutas guerrillas y el enorme poder disuasivo que les dan los fusiles, con el que han sometido a 45 millones de colombianos, en un fenómeno muy difícil de explicar, y más de entender.

Son cuatro organizaciones las responsables del paro, pero en apariencia, porque todo se concentra en la persona de Pedro Aguilar, quien ya debería estar en el lugar que les corresponde a quienes amenazan al pueblo. 

Pero, ¿por qué razón se ha llegado a una situación de esta naturaleza en la que un puñado de camioneros violentos somete a millones de habitantes a su antojo y les causa pérdidas billonarias? El poder de la intimidación mediante la violencia física es la respuesta. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ya sabe lo que significa esa violencia traicionera en una carretera.

Ricardo Virviesca, de la Cámara Nacional del Transporte, acierta cuando señala que en el paro “por convicción hay muy pocos, pero por el miedo a que les dañen los carros hay muchos: prefieren parar, en vez de estar reclamando un millón de pesos por un vidrio roto”.

Y su colega José Montealegre, de la Asociación Gremial de Transportadores (AGC), va más allá, y también es certero: “Al Gobierno le ha faltado mano dura: no se trata de que salgan a reventar a los camioneros, sino de que hagan llegar la comida a las diferentes ciudades, para que se acabe la presión”:

En efecto. No se trata de responder con violencia a la violencia, pero sí de responder. Pero solo hasta ahora, semanas después, a alguien se le ocurrió que se pueden aplicar las fórmulas que contempla la ley para sancionar a quienes han generado el caos creciente por falta de movilidad.

Y las están aplicando. Pero, ¿cuándo las reversarán? Es la costumbre, cuando se firman los acuerdos. Hay borrón y cuenta nueva.