Colombia pasará a convertirse en ejemplo de solidaridad y de sacrificio en la atención a los inmigrantes con la determinación del Gobierno de darles la nacionalidad a 24.000 niños nacidos en nuestra patria y que son hijos de padres venezolanos. 

Muy bien lo afirmó el presidente Iván Duque: “aunque tenemos un ingreso per cápita de menos de 8.000 dólares, muy inferior al de países europeos que han enfrentado crisis migratorias, nosotros sabemos hacer de la fraternidad también un sentimiento de solidaridad”.

Ese paso equivale a tener un nuevo grupo de ciudadanos a quienes el Estado, como lo señala la Constitución Nacional, debe buscar garantizarles los derechos a la salud, educación y servicios básicos. Tal vez se debata –sin tintes de xenofobia- que a miles de menores de edad colombianos el acceso a los mismos o está cerrado o se encuentra en niveles muy bajos de atención, ya sea por dificultades presupuestales, falta de médicos y profesores o porque las entidades estatales no le llegan oportunamente a ellos. Como por ejemplo en regiones de Norte de Santander y La Guajira.

Luego es igualmente importante que las autoridades nacionales, incluyendo la Cancillería en el frente de gestión, recurran al apoyo internacional, incluso de los mismos sectores pudientes venezolanos  que se encuentran en el mundo, para que respalden económicamente a Colombia a sacar adelante ese tremendo esfuerzo que acaba de hacer.

Lo anterior no equivale a una actitud mendicante ni nada por el estilo. Sino que se trata de una opción válida en momentos que la crisis migratoria no cesa, razón por la cual es factible buscar el respaldo, teniendo en cuenta que mientras Colombia salvó de la apatridia a esos miles de niños,  las Naciones Unidas han identificado en 78 países a cuatro millones de personas apátridas, que frecuentemente son discriminadas y tienen graves limitaciones para acceder a derechos básicos de salud, educación, movilidad y participación en la sociedad.

Al romper Colombia ese comportamiento global de invisibilizar al grupo poblacional sin nacionalidad, el país cruza una frontera muy muy importante, como es la de poner todo el órgano estatal al servicio de esos niños desamparados por su patria, porque el gobierno de Nicolás Maduro les entorpeció el camino de obtener la nacionalidad venezolana al dejar de prestar servicio consular o por dejar de expedir documentación.

Las mismas Naciones Unidas acaban de resaltar la acción del gobierno colombiano al considerarla como un “hito en la prevención de la apatridia a nivel mundial”. 

Solo este mensaje ya es suficientemente impactante como para probar que el país merece toda una solidaridad mundial para la consolidación de este procedimiento, que implicará, como lo dijimos, el, solventar una serie de gastos a futuro para que esos nuevos ciudadanos cuenten con todos los beneficios que se les ofrece por ser colombianos.

El éxodo venezolano le sigue generando enseñanzas a Colombia y profundizando más la sensibilidad al momento de tomar determinaciones de Estado enmarcadas dentro de la preservación de los Derechos Humanos para acoger a quienes por la crisis en la otrora ‘Venezuela saudita’ huyen de la crisis económica, social y política.