Lanzando el balón a la cancha del fútbol profesional colombiano, que todavía se encuentra en cuarentena en razón a la pandemia del coronavirus, se notan movidas interesantes que ojalá conduzcan a ponerle remedio a situaciones non santas, a procurar sanear al llamado deporte de multitudes y que las autoridades apliquen como debe de ser la justicia.

Sin necesidad de irnos tan lejos, aquí tenemos al emproblemado y evidentemente mal manejado Cúcuta Deportivo, que con la famosa excusa de ser una organización privada que sin embargo trasciende de esa simple etiqueta porque en realidad es una insignia y una marca de todos y no de uno solo, trata de evadir responsabilidades.

Otra vez, y hasta la cuenta ya se perdió, vuelve a escucharse la petición de convocar la audiencia de incumplimiento porque el club rojinegro no se ha puesto al día con los compromisos asumidos.

Señores de la Superintendencia de Sociedades y señores del Ministerio del Deporte, esas audiencias que se abren y quedan ahí suspendidas y vuelven a activarse para quedar de nuevo congeladas, a la final lo que se convierten es en una burla con los acreedores, con la afición y con la ciudad.

¿No creen que dándole una lectura objetiva, o esas audiencias sirven para alcanzar el cumplimiento o es mejor acabarlas y crear otro mecanismo realmente efectivo? De verdad que seguir en ese ‘juego’ lo que va a conducir es al desprestigio de las instituciones encargadas de ponerle el cascabel al gato y de que los representantes de los equipos se crean amos intocables del fútbol profesional colombiano, porque ellos no son intocables.

Como estos personajes ven que es muy fácil dilatar y dilatar mediante acuerdos, incumplimientos y nuevas promesas de acatar lo pactado, por eso es que la situación empieza a salirse de control, escalando hasta hechos escandalosos.

Y como a veces los estremecimientos y barridas son indispensables para ajustar las organizaciones, pues es una obligación sacudir a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), donde la salida de Jorge Enrique Vélez ya se da como un hecho.

Cambiar el perfil de la dirigencia del fútbol, adelantar cambios estructurales, recuperar la credibilidad en la institucionalidad resquebrajada, al igual que buscar acciones para que los equipos no inviertan más allá de sus gastos, establecer reglas financieras para que la competencia sea más igualitaria y adoptar medidas que promuevan a jugadores jóvenes, son entre otras las opciones que se encuentran en la baraja para un cambio rotundo.  

Y continuando con ese entendido de que a veces las ‘purgas’ son necesarias para cortar de raíz con los males que van carcomiendo instituciones, deberían salir, por ejemplo, Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate, Juan Alejandro Hernández, Claudio Javier Cogollo, Elkin Enrique Arce, Andrés Tamayo Iannini y Rodrigo José Cobo Morales, todos ellos sancionados por la reventa de boletas para las eliminatorias del mundial de Rusia, fraudulenta operación que les quita cualquier aureola moral para seguir representando a la Federación Colombiana de Fútbol.

Los mismos jugadores son conscientes del grave momento que registra y por eso son conscientes de que una reestructuración de fondo sacará al fútbol colombiano de la crisis sin precedentes que vive actualmente, regresará la credibilidad en la dirigencia y logrará otros aspectos importantes, pero que ojalá la misma se haga y no se vuelva como las incumplidas audiencias de la Supersociedades.