Los desertores
Aunque el Gobierno colombiano se empeñe en darles una imagen diferente, la verdad es que los soldados, policías y guardias nacionales venezolanos que han abandonado las filas y vinieron a Colombia, son desertores.
Y, aunque muchos se empeñen en ocultar la realidad, la verdad es que ese grupo de 1.285 hombres y mujeres siguen comportándose, en la mayoría de sus actividades, y contra leyes nacionales e internacionales, como si todavía fueran militares.
Al menos en el hotel Villa Antigua, en Villa del Rosario, donde permanece un nutrido grupo, guardan y respetan sus jerarquías, se adiestran todos los días en tácticas de combate, se siguen llamando unos a otros como lo hacían en la milicia, y todos obedecen órdenes.
La legislación internacional, que aquí se hace valer para algunas cosas, pero no para otras, indica que todo desertor deja de ser militar en el instante mismo en que cruza la frontera de un país vecino. A partir de entonces, debe pedir refugio y comportarse como un civil.
Pero según han dicho ellos mismos en videos y entrevistas, esperan una orden para movilizarse contra Venezuela. Muchos de ellos, o la mayoría, abandonaron las filas pensando que muy pronto podrían regresar a su país con un nuevo gobierno. Esa fue la idea que los hizo decidir por abandonar su patria. Pero esta idea no se hizo realidad, al menos no en el plazo que esperaban. Su panorama es un tanto complejo, pues no tienen forma de regresar a su país; allí, serían procesados de inmediato y muy posiblemente condenados sin atenuantes, a penas de mínimo 30 años de cárcel, sin incluir la pena por la deserción en momentos en que, seguramente argumentaría el gobierno venezolano, su país estaba enfrentando dificultades de tipo prebélico.
Quienes tienen mayores problemas son los más o menos 60 colombianos que estaban vinculados a las fuerzas armadas de Venezuela, pues, de acuerdo con el Código Penal, ‘el colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia al Estado, que realice actos dirigidos a provocar contra Colombia guerra u hostilidades de otra u otras naciones, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses’. Y si hay guerra o se producen las hostilidades, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.
El grupo de 1.225 extranjeros pidió refugio, y el Estado colombiano dice que estudia todas las solicitudes de modo individual. A todos, incluidos los colombianos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) les brindó el apoyo establecido para cada venezolano, apoyo que puede mantenerse, según los parámetros de la organización, hasta por tres meses.
Luego, los deja en manos del Estado colombiano, que desde hace un mes los aloja en hoteles y algunas casas, en espera de qué dispondrá para ellos (no sabe qué hacer). Todos vinieron convencidos de que en horas después de venir a Colombia, regresarían victoriosos a Venezuela.
El problema es que, como varios estados y gobiernos, tenían la esperanza de ver caer al dictador de Venezuela, pero esa esperanza pudo más que el cálculo que debieron hacer al medir las relaciones entre Maduro y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que, al parecer, siguen siendo fuertes.
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