Es una presunción basada en la experiencia del propio Estado, lo que otorga validez a la estadística: según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, de Medicina Legal, hasta mayo del año pasado, en Norte de Santander había 723 personas que desaparecieron de manera forzada.

Desde luego, la cifra de personas que jamás regresaron a casas es más de cuatro veces más grande: 2.670 hombres y 723 mujeres, que hacen parte de la lista de 47.080 desaparecidos que hay en Colombia.

Son cifras monstruosas que, aunque se quiera, son difíciles de desligar de la cultura de la desaparición forzosa que se ha impuesto en muchas regiones del país.

La estadística fría surgió en República Dominicana, donde estuvo sesionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su tercera jornada regular de audiencias públicas, en las que participaron varias organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos y a mantener viva la memoria de cada víctima.

Como consecuencia de esta realidad, para miles de familias la guerra con las Farc o con los grupos paramilitares ha terminado ni terminará si sus seres queridos no regresan. Para otras, la guerra las tocó después de terminada, porque a sus hijos alguien se los llevó contra su voluntad y no han retornado.

Son ahora parte de las páginas más negra de la historia colombiana, que se refieren a seres anónimos que, haciéndolos desaparecer, los hicieron invisibles para siempre. ¿Quiénes? Todos los actores de la guerra, sin excepción.

Porque en Colombia, el siniestro fenómeno de la desaparición forzosa reviste características particulares muy especiales. Todas las organizaciones guerrilleras, los paramilitares —especialmente estos—, los organismos de seguridad del Estado, y hasta las bandas criminales son responsables de los miles de desaparecidos.

Muchas de sus víctimas fueron a arrojadas a los ríos, convertidos en fosas en las que toda señal se deshace por acción del agua.

Y, aun sabiendo esto, las organizaciones se quejan de que la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, no las escucha. “Dicen que tenemos que darles los sitios exactos donde hay cuerpos, pero no nos garantizan seguridad”, según Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, dos de cuyos líderes fueron asesinados hace pocos días en Antioquia.

¿Cómo exigirles a los parientes de desaparecidos que entreguen datos exactos de los sitios donde hay fosas comunes, para ver si los suyos están allí? ¿A razón de qué amentar el dolor que llevan desde hace años?

Y no solo la Fiscalía se muestra distante en relación con el fenómeno. Todo el gobierno, y no de ahora, sino desde hace años, ha guardado una actitud de franco desinterés por ellos.

Tanto, que desde Santo Domingo, las organizaciones que participaban en las audiencias, tuvieron que reclamar un plan integral de búsqueda, complementado con otro de protección a eventuales víctimas.

No es suficiente con que la Fiscalía y otros organismos tengan planes para buscar a los desaparecidos. Se trata de que todos los organismos del Estado aúnen sus esfuerzos y sus planes, para que estas víctimas de la guerra, que dolorosamente pueden estar muertas, tengan por fin la oportunidad de dejar de ser invisibles.

Todas tienen nombre.