Hay un par de hechos que deben ser precisados por las autoridades encargadas del combate para enfrentar y derrotar al contrabando, el tráfico ilegal de automotores de placa venezolana y la fuga de gasolina colombiana a precio subsidiado.

El entramado de trochas por la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira requiere un real y estricto control no solo con fuerzas de tierra sino mediante un sistema especial de vigilancia tecnológica.

Los drones, las cámaras, el sistema satelital tienen que entrar a hacer parte de esa modernización fronteriza para contener las acciones de las organizaciones criminales que hoy se nutren de las economías ilegales que circulan en esa zona binacional.

Nadie puede negar y quien lo haga sería un necio, que dichas  operaciones al margen de la ley que producen jugosas ganancias nos están golpeando rudamente, tanto en lo social como en lo económico y hasta han alterado algunos comportamientos.

Acordémonos que en el Plan Nacional de Desarrollo quedó incluido el procedimiento del registro de los automóviles, camionetas y motocicletas de placa venezolana para que entren a tributar en el departamento y municipios y su circulación quede amparada por una internación.

Se  calcula que cerca de unos 60.000 automotores alcanzaron a ser cubiertos por dicho trámite, siempre y cuando el modelo no corresponda después de 2015, año en que el gobierno venezolano cerró la frontera.

Sin embargo, muchas dudas abundan. Las advertencias de que a Cúcuta y Norte de Santander siguen entrando carros venezolanos de contrabando por los también llamados ‘caminos verdes’ abundan, y que al parecer muchos son de modelos recientes.

Es urgente que la Polfa, la DIAN, la Gobernación y las alcaldías de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios,  El Zulia, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander y  San  Cayetano se reúnan y revisen el registro e internación para entregar resultados concretos sobre el asunto.

No se puede permitir que la ciudad y el área metropolitana  tenga de nuevo una porción del parque automotor ‘sin dios ni ley’ porque desestimula y echa por la borda el trabajo que se había logrado, afecta al renglón automotor local en materia de empleo y de negocios e impacta las finanzas locales y departamentales.

El otro aspecto que preocupa a la región es el contrabando de extracción del combustible subsidiado con rumbo al mercado venezolano de combustibles que, como se sabe, tiene dramáticos inconvenientes para surtir de gasolina a sus clientes en el vecino país, cuando el mismo Maduro hace un par de días reconoció que quedaba gasolina para 20 días únicamente.

Los encargados de la lucha anticontrabando tienen ahí una misión muy precisa y esencial, porque es indudable que algo pasa cuando en las estaciones de servicio del área metropolitana el cupo subsidiado de gasolina se agota muy rápido, en los surtidores dura por muchos días el letrero de hidrocarburos a precio nacional y las colas se hacen interminables.

Nadie desconoce que son muy importantes las cifras sobre las incautaciones a los contrabandistas registradas en este año, pero todos tenemos que entender que esos dos componentes: carros y gasolina  deben estar en el foco las 24 horas para golpear a esas bandas de contrabandistas, puesto que dichos negocios ilegales también se traducen en inflación y en el acrecentamiento del ‘mercado negro’ automotor.