Siempre, con los colombianos en el extranjero todo son aproximaciones, cálculos aventurados, referencias que nunca son exactas, cifras de oídas…

Nadie, ni el propio Gobierno, sabe ni cuántos viven en el extranjero ni en qué condiciones ni desde cuándo, mucho menos por qué, aunque, también por deducción, se podría pensar en causas relativas a la violencia y a la pobreza.

La verdad es que si no sabemos, con alguna certeza, cuántos colombianos vivimos dentro de las fronteras, mucho menos tendremos noción cercana sobre la cantidad de compatriotas que viven en otros países. Y no lo sabemos, porque el censo, que es una obligación legal, y que para otros países es casi sagrado, a los colombianos nos tiene sin cuidado.

En 2009 se hicieron los intentos más serios por establecer, con niveles de certeza adecuados, la cantidad de colombianos que vive fuera de las fronteras. Un estudio de Ibernet Media & Consultants de Nueva York, dijo que al finalizar ese año habría 5,68 millones de colombianos en otros países, y de ellos, 1,25 millones en el área de Nueva York, Washington y otros estados alrededor.

Ese estudio parece tener bastante cercanía en cuanto a resultados con  el cálculo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), según el cual, al terminar 2005, habría 4,4 millones de connacionales fuera del país. Las dos cifras riñen con las levantadas por asociaciones de colombianos, unas 100 en todo el mundo, que concluyeron en que la cifra era de 8 millones en el mismo año.

El estudio de IMC indica que en los últimos 50 años, alrededor de 20 por ciento de la población colombiana (unos 9 millones de personas) ha abandonado el país para radicarse en Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, España, Panamá y Costa Rica, principalmente, en su orden, los principales destinos. En reciente época, Chile, Argentina y Brasil comenzaron a ganar importancia en el listado.

Saber cuántos son y dónde están los ciudadanos es siempre importante, tanto para que los planes de los gobiernos puedan tener una base más cierta, y enfoques más precisos, como para que el Estado pueda apoyar a los que están fuera.

Todos los países medianamente organizados obligan a sus ciudadanos a registrarse en embajadas y consulados en el exterior tan pronto como llegan al país donde estarán, así sea por pocos días, con mayor razón cuando la estancia allí sea prolongada.

Es disciplina social, algo en lo que Colombia no existe.

Por la falta de ese elemental deber de nacional de un país, de inscribirse en el extranjero, es que hay, con más frecuencia de la deseada, problemas serios como el que se vive estos días en Ecuador a raíz del terremoto de Manabí.

Ni la embajada colombiana ni los consulados tienen, ni de lejos, cifras de colombianos radicados en ese país, mucho menos de los visitantes y turistas, —que son numerosos—, y por lo mismo no es posible establecer un cálculo de las eventuales víctimas del sismo.

El Estado colombiano debe crear mecanismos que le permitan tener idea de dónde están sus súbditos y qué hacen, para apoyarlos, en caso necesario. Y los colombianos deben asumir esa inscripción como un deber ineludible.

Este formulismo debe ser solo una parte de algo que hace mucha falta: el estatuto del migrante, que permita saber todo lo que se necesita de quien se va a otro país, y que establezca facilidades y apoyos por parte del Estado, a fin de que desaparezcan las noticias sobre campañas para repatriar un cadáver, o un enfermo terminal y sin recursos, que quiere morir en su país.

Al colombiano se le recuerda que es Colombia en el exterior. ¿Por qué no pensar que esa situación es de doble vía, a fin de que los gobiernos no olviden que los colombianos que están fuera de las fronteras también son colombianos?