Issac García, presidente de la junta de acción comunal del barrio Scalabrini, en Cúcuta, es la nueva víctima de las organizaciones que persisten en la destrucción del tejido social en los barrios y veredas, mediante asesinatos, amenazas e intimidaciones a los líderes sociales.

Al joven líder social García -que hace parte del Consejo Departamental de Paz en Norte de Santander a quién lo amenazaron junto con su familia- ya notificó “con toda la convicción del mundo” que no tiene miedo y no lo van a intimidar.

Cuando nos vamos al contexto, encontramos que así como ocurre con otros factores negativos, Norte de Santander también aparece en los primeros lugares por el riesgo que presenta para quienes asumen las banderas de defensa de sus comunidades.

Y en materia de periodicidad también marca un delicado antecedente, puesto que ni siquiera se ha acomodado la tumba recientemente abierta para sepultar al presidente de la junta comunal de la vereda Guasiles (Convención), Fernando Quintero Mena, asesinado el martes de esta semana, cuando se registra este hecho intimidatorio contra el miembro del comité departamental de paz.

Resulta muy delicado que en un semestre marcado por la pandemia, ya el departamento muestre los rostros de cinco  dirigentes cívicos y comunitarios muertos violentamente en la zona del Catatumbo, hecho por el cual el departamento ocupa el deshonroso tercer lugar, después de Cauca y Putumayo, por los crímenes contra líderes sociales en Colombia, según el reporte que lleva el Ministerio del Interior.

Y empeorando el panorama, la región catatumbera se muestra de lejos como la más riesgosa para estos voceros de las comunidades, tres de los cuales cayeron bajo las balas asesinas en Tibú y dos en Convención, asunto en el cual es urgente que la Fiscalía informe cómo va el desarrollo de las investigaciones para evitar que la impunidad o los vencimientos de términos terminen siendo los aliados de los autores intelectuales y materiales.

En el país hay una profunda preocupación porque organizaciones como las denominadas Águilas Negras, las bandas criminales, las disidencias y la guerrilla sigan en esas acciones contra los líderes que  buscan el bienestar de sus comunidades, se oponen a que en sus territorios se impongan o perduren los negocios ilícitos,  reclaman el cumplimiento de los acuerdos de paz y luchan porque la injusticia social desaparezca.

El Estado tiene ahí una fuerte misión que cumplir en la protección de estos dirigentes que para el caso de Norte de Santander suman más de 50 los que actualmente están amenazados de muerte, entre ellos el miembro del Consejo Departamental de Paz, porque ellos son importantes para mantener los canales de contacto entre el alto gobierno y las comunidades campesinas, mineras y de los barrios.

Permitir que siga esa oleada sangrienta contra las voces de quienes quieren que el pueblo sea escuchado y tenido en cuenta en las decisiones para solucionarles necesidades básicas insatisfechas y que expongan posiciones críticas o contrarias, lo que contribuye es a que de nuevo reinen en el territorio el miedo y la zozobra.

Y ojalá en Norte de Santander se logre lo dicho por el gobernador Silvano Serrano de brindarles el acompañamiento y apoyo pertinente, “porque el valor que tienen los líderes sociales para sus comunidades es grande, y son ellos los que día a día trabajan por lograr barrios y comunas con oportunidades para todos”.