El asesinato de líderes y lideresas sociales es uno de los hechos que más impacta actualmente en Colombia y se encuentra entre los hechos motivadores de la protesta social que se registra en el país.

Y como no nos cansaremos de decirlo, es realmente triste que Norte de Santander siempre tenga que estar apareciendo en todo acontecimiento negativo o medición de situaciones adversas.

Ahora, en la ocurrencia de los crímenes de representantes de comunidades y colectivos sociales, el departamento ocupa su lugar con 37 casos documentados. Eso significa que hay hechos que pueden estar ocultos o invisibilizados, como sucede en el resto del país.

Lastimosamente, en estos hechos de crímenes contra determinados sectores de la población, surge la disparidad y hasta contradicción en las cifras que manejan las organizaciones encargadas de conocer esos tristes sucesos de violencia selectiva que todavía sacuden a nuestra patria.

Precisamente, ayer se cumplió  la sexta sesión plenaria de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, cuyo fin primordial es precisamente crear esos espacios de seguridad necesarios para que aquellos que trabajan en favor de  las  comunidades, no pierdan la vida por ello.

Cada asesinato de esos líderes equivale a la destrucción del tejido social que es tan necesario en regiones como la nuestra que ha sufrido las violencias de toda naturaleza: la guerrillera, la paramilitar, la del narcotráfico, la de las bandas criminales, la de hechos oscuros como los falsos positivos, la de las disidencias, entre otras. O sea, hemos sufrido el martirio del conflicto en todas sus representaciones.

Por lo tanto, resulta interesante que se haga un trabajo como es el de procurar rodear de garantías a las personas que en las veredas, en los barrios, en los zonas indígenas, en las organizaciones ambientalistas, en las instituciones defensoras de derechos humanos, luchan por la construcción y consolidación de una sociedad mejor.

Hay que respaldar vigorosamente los esfuerzos que se hagan, porque las voces de aquellos luchadores sociales no puede ni debe apagarse violentamente, ya sea asesinándolos o sometiéndolos al destierro y a la intimidación, puesto que ellos representan a la Colombia que busca la inclusión, la igualdad, el bienestar y una mejor condición de vida de millones de personas, todo esto en un ambiente de paz.

Pero como debemos admitir que en  la presente etapa de posconflicto los líderes y lideresas siguen en la mira de los violentos, es de enorme importancia la llamada ruta salva vidas que se implementó en Norte de Santander, aunque realmente una acción contundente contra los grupos al margen de la ley para que cesen sus acciones en contra de ellos, pues las acciones desestabilizadoras contra la población, mediante el miedo y la amenaza, es una maniobra brutal y en decadencia. Esos ataques sistemáticos han sido una de las razones de las protestas que ocurren en Colombia, hecho que reitera la trascendencia de ponerle la atención debida a esa demencial acción.

No debe olvidarse tampoco que en estos casos de asesinatos de personas protegidas, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos se tipifican delitos que rayan con el Derecho Internacional Humanitario y contra los cuales se exigen   las más severas e inconmutables condenas.