La venta de licor en cualquier rincón, calle o parque de la ciudad, así como la proliferación de zonas en las que se venden drogas al menudeo, deberían movilizar a las autoridades a diseñar una estrategia que, poco a poco, recupere los sectores que estas actividades han ido copando a lo largo y ancho de la ciudad.  

Se ha dicho, se ha anunciado, y vociferado hasta más no poder, que solo está permitido comprar licor en los estancos, pero no sentarse a consumirlo a las afueras de estos lugares.

Pero en un constante desafío a la autoridad, tanto ciudadanos como propietarios de estos establecimientos, se pasan las normas por la faja y pretenden imponer su ley, a como dé lugar.

Fruto de esta situación, hoy, en algunas calles y avenidas principales o zonas céntricas de Cúcuta, se observan ventas improvisadas de estas bebidas.

La Avenida Los Libertadores, por ejemplo, es una de las que más preocupa, pues la venta de micheladas, cocteles, entre otros licores, se están apoderando de un sector, sin que nadie lo impida.

El secretario de Gobierno, Oscar Gerardino, ha dicho que los operativos que se adelantan en la ciudad para evitar la inseguridad, estarán enfocados también en ejercer control sobre las ventas de licor en las calles y que los establecimientos que permitan el consumo en sus alrededores, se exponen a ser cerrados, como medida preventiva, al menos 5 días.

Lo complejo de la situación es que por muchos años, la ciudad ha sido permisiva con estas prácticas, y las autoridades, de alguna manera, han perdido la batalla en contra de estos lugares, pues más se demoran en sellar un estanco que viola las normas, a que este vuelva a abrir bajo otro nombre y otra razón social.

A pesar de las estrategias a las que puedan acudir los establecimientos para brincarse la ley, las autoridades deben persistir en el control, pues las acciones contundentes son el único mecanismo para persuadir a quienes creen que en Cúcuta nada pasa y todo vale.

Más allá de ser un tema de orden público, el control de estas ventas repercute directamente en la forma en que los menores de edad se están iniciando en el consumo de licores y drogas.

Este asunto, el del microtráfico, merece por si solo el diseño de una estrategia inteligente y a la vez contundente, que permita frenar el avance desmedido de las pequeñas ‘ollas’ de barrio que también podrían estar encontrando en estas ventas ilegales de licor al aire libre, un nicho de mercado, sobre todo en los jóvenes, que crece de manera desmedida en la ciudad.

Los jíbaros, que cada día innovan en sus andanzas criminales y en la forma como ofrecen y venden sus drogas, podrían estarse beneficiando de la permisividad de las autoridades frente a estos puntos de venta de licor para llegar, cada vez más, a un número de jóvenes que todos los fines de semana encuentran en estas ventas informales el acceso al licor que en otros lugares no consiguen.

Cualquier estrategia que pretenda enfrentar estos problemas, debe ir de la mano del apoyo de las instituciones educativas y de los padres de familia,  quienes finalmente tienen la primera responsabilidad de controlar qué están haciendo los jóvenes y, en esa medida, evitar que este tipo de conductas se presenten a tan temprana edad, como se ha evidenciado en los últimos tiempos.

La articulación entre los actores responsables es clave para evitar que esto siga pasando antes la mirada pasiva y complice de todos. Ojalá la última palabra en esta lucha  la tengan las autoridades.