Las ciudades que olvidan su historia están condenadas a repetirla. Hace un año, cuando en Cúcuta empezaba a extenderse la alarma por los crecientes casos de Chicungunya, se anunció la compra de cinco máquinas fumigadoras que, a bordo de vehículos alquilados, se encargarían de intervenir 50 barrios y así evitar que el mosquito transmisor de la enfermedad siguiera contagiando en tiempo récord a la población.

En su momento, las críticas se escucharon desde distintos sectores por el mismo tema de siempre: la falta de gestión en temas de salud y la indiferencia ante una situación que, por omisión, terminó afectando de forma importante la productividad de la ciudad y dejando incapacitado a, por lo menos, un miembro de cada familia cucuteña.

Hoy la historia vuelve a repetirse con el Zika, una enfermedad de similares síntomas a los del Chicungunya, aunque con menor duración, menor compromiso articular y del estado general, cuyo contagio –a través de la hembra del zancudo aedes aegypti– va en aumento.

Lo que sorprende es que la experiencia de lo que sucedió con el Chicungunya no fue suficiente para que ante esta nueva enfermedad, los responsables del tema tomaran a tiempo cartas en el asunto.

Aunque estamos acostumbrados a los malos manejos de lo público, la desfachatez con que se manejan algunos asuntos en Cúcuta todavía sorprende. Un buen ejemplo de ello son las dos situaciones que se han encontrado al revisar  lo que hizo la saliente administración para evitar nuevamente el contagio masivo de una enfermedad causada por un mosquito: el zika.

Para empezar, las máquinas adquiridas para fumigar no están ni han estado en funcionamiento en los últimos meses. Se encuentran arrumadas en alguna bodega, inservibles, lo que significa que el dinero que se invirtió en su adquisición se pudre en cuatro paredes.

¿Qué tanta gestión se necesita para emplear las máquinas en lo que es, es decir, en fumigar? No mucha, sin duda, pero la realidad parece demostrar que a los funcionarios en Cúcuta no les da ni para eso.

Los casos hasta hora reportados, que se calcula son pocos comparados con los que realmente se están presentando pero que no se reportan por diferentes razones, deben ser un motivo suficiente para exigir una respuesta de las autoridades de salud. Esas mismas que hace dos meses guardaron silencio ante los cuestionamientos que se hicieron por el contrato antiplaga que suscribieron con una fundación de desempleados (Fundes).

Como lo dicta la lógica más básica, Fundes no cuenta con los profesionales, los equipos, ni los insumos que demanda un control de vectores del tamaño que contempla el contrato, que alcanzó los 990 millones de pesos.

En poco más de dos meses –fue suscrito por 75 días– según el acta de cumplimiento del contrato que ya finalizó, se fumigaron 50 mil viviendas de Cúcuta, con una planta de 20 personas. Esto significa que cada uno fumigó al día 33 casas, aunque no se sabe con qué las fumigó, pues según la actual secretaria de Salud, Judith Ortega, Fundes no contaba con aparatos idóneos para tal fin. Sus críticas al contrato son muchas y de fondo.  

Además de las insólitas cifras, los ediles aseguran que a pesar de las solicitudes que hicieron en su momento a la secretaría de salud para que tomara acciones para combatir los zancudos, en el último semestre del año no hubo fumigación alguna en los barrios.

¿Qué explicación tendrá para dar la exsecretaria de salud? Ya que su periodo terminó, por mínimo respeto a los ciudadanos, los órganos de control deberían tomar cartas en el asunto. No hay derecho que esos dineros se evaporen así, de frente, con el mayor descaro, sin que nada pase. Basta ya de la tolerancia ante la inoperancia de las autoridades. Basta ya de la indiferencia de una ciudadanía acostumbrada a la corrupción.