Cuando se acerca el momento de los cambios de administración en las ciudades, la época de fin de año se ha aprovechado, históricamente, para hacer contratos, firmar procesos y adelantar actividades polémicas, que usualmente pasan desapercibidas entre la ciudadanía, despistada por las vacaciones y las fiestas.

En Cúcuta, por estos días se han conocido varias denuncias de procesos irregulares (que no cumplen con la ley) que pretenden adelantarse o contratos que buscan adjudicarse en los últimos días de la administración municipal, que estará vigente hasta el 31 de diciembre. 

Un tema estratégico para el futuro desarrollo de la ciudad, como es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) entró en la lista de proyectos que se quedaron para fin de año y que fueron manejados de espaldas a la ciudadanía, pues desde que fue aprobado en plenaria del Concejo el 3 de diciembre, hasta que fue sancionado por el alcalde César Rojas el 19 de diciembre, nadie conoció en detalle el documento que salió del Concejo. 

Tampoco fue clara la corporación al referirse a las cambios que se le hicieron al documento que, hasta antes de que ingresara al Concejo, había sido concertado con los gremios y Planeación Municipal.  

Pero más allá de los cambios de última hora, sin duda perjudiciales para el futuro de algunos sectores de la ciudad, el camino que ha recorrido el POT desde que se contrató a la unión temporal que se encargó de su formulación estuvo lleno de tropiezos.

El primero, el escándalo por haber contratado con la Unión Temporal Planeando Cúcuta, de la cual hacía parte la hija del condenado exalcalde Ramiro Suárez y la exsecretaria de Posconflicto del municipio, lo que en agosto de 2019 le acarreó al entonces secretario de Planeación Orlando Joves una sanción de la Procuraduría e inhabilidad por 15 años. 

También errores en la cartografía, varias advertencias de la Procuraduría Provincial que aseguraban que el POT empezó a formularse sin la información técnica necesaria y la no inclusión de elementos fundamentales como el componente de cambio climático, las determinantes ambientales y demarcaciones de zonas de riesgo, lo que a finales del 2018 obligó a la administración municipal a retirar el proyecto para reformularlo.

Luego de varias correcciones, de reuniones de concertación y de la revisión en dos oportunidades de Corponor, el documento llegó al Concejo.

Y allí salió con cambios, que como se ha advertido desde Camacol, tendrán efectos negativos sobre la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), pues el índice de parqueaderos exigidos en estos proyectos aumentará el costo de los proyectos de este tipo, lo que termina traduciéndose en mayores costos para los usuarios que busquen comprar en este segmento. 

Si se tiene en cuenta que el segmento VIS y VIP representan el 75% de las ventas totales de vivienda en el último año en Cúcuta, es posible predecir que habrá un daño importante para cientos de familias que buscan una vivienda de interés social y que tendrán que contar con más recursos para hacerlo. 

Otro hecho muy cuestionable es que las modificaciones del Concejo no tuvieron un insumo técnico (estudios, análisis económicos, proyecciones) que les permitiera analizar a fondo el perjuicio de aumentar el número de parqueaderos exigidos por vivienda. 

Al final, la lección que queda en Cúcuta es que todo vale. El alcalde, quien bien hubiera podido objetar el artículo o al menos tener una actitud más transparente para que la ciudadanía conociera le POT aprobado, no dio la cara y terminó sancionándolo tal cual como salió del concejo.