Está abierto el debate sobre reformas institucionales en Colombia. Hay propuestas de diferentes vertientes de opinión, incluidos partidos políticos. 

Y todas deben examinarse con suficiente rigor, pero principalmente bajo la lupa del interés general. 

Porque sería equivocado y frustrante que el resultado final fuera una imposición caprichosa a la medida de intereses particulares y no de las soluciones que se necesitan para superar desajustes reconocidos y cuyos efectos son perturbadores en la vida de la nación.

Desde años atrás se ha advertido la necesidad de una reforma a la justicia que la blinde contra todas las tentaciones de desviación y el indebido aprovechamiento que buscan algunos en beneficio propio y en detrimento del derecho y de la ética. 

Una reforma que cierre las rendijas por donde se cuelan la impunidad y los tráficos mediante los cuales se surten los procesos en términos negativos.

La reforma a la justicia no puede ser para acabar con su independencia y sujetarla a lo que le sirve a algunos para arreglar sus desvíos.

Ahora el Centro Democrático ha destapado sus cartas con respecto a la reforma a justicia.

 Además de su obsesión contra la Jurisdicción Especial de Paz busca invalidar fundamentales puntos del acuerdo  con las Farc y que hizo posible a esta guerrilla entregar las armas y convertirse en una fuerza partidista sometida a la legalidad. 

La iniciativa del referendo es todo un torpedo armado para que explote sobre la rama judicial y después rehacerla con debilitamiento de su autonomía, posiblemente atada a un centralismo de control, como en los regímenes donde la democracia es más ficción que realidad y por lo tanto se presta a abusos y distorsiones. 

No puede ser que el país en vez de avanzar en el mejoramiento de sus instituciones, haciendo más funcional la democracia y superando atrasos que se han acumulado incurra en regresiones y se aferre a lo que puede representar envejecimiento con riego de fragilidad desastrosa.

Para evitar desatinos inconvenientes debiera pensarse en un acuerdo que oponga al país a salvo de decisiones accidentadas. 

Sobre todo, cuando se trata de reformar la justicia y darle a esta la dimensión que le corresponde en función de la defensa de la integridad de la existencia de todos los colombianos.

El hecho de contar con el Gobierno del país no puede llevar a quienes tienen su manejo a montarse en la pretensión de imponer decisiones por encima de la conveniencia general. 

Por lo cual las reformas que se pretenden tienen que ser en lo posible resultado de un consenso que no deje cabos sueltos y de suficientes soportes  para el desarrollo económico y social y la consolidación de una paz estable y duradera. 

Se impone garantizarles a los colombianos que el país no está expuesto a aventuras que puedan llevar a arbitrariedades o al descuartizamiento de su democracia. 

Lo que corresponde es fortalecer la legalidad y hacer posible que los ciudadanos tengan mayor conciencia de sus responsabilidades a fin de que contribuyan al sostenimiento de un rumbo correcto.