La  ya aprobada Ley Anticontrabando, además de significar un importante avance en material de lucha contra la ilegalidad –según cálculos estatales este flagelo le representa al país pérdidas de por lo menos 7 mil millones de dólares–  implica también un enorme reto para la institucionalidad de Colombia, especialmente en las zonas fronterizas en donde el fenómeno no solo está arraigado, sino también normalizado.

Tantas décadas conviviendo a diario con este delito, hoy asociado al lavado de activos, han hecho que en estas zonas del país el contrabando no se castigue, al menos como debiera, ni legal ni moralmente; su ciclo de desarrollo ha desembocado en la consolidación de grandes mafias que hoy cuentan con robustos capitales y que han logrado permear, incluso, a las mismas instituciones y autoridades encargadas de controlarlo. 

Es precisamente ese asunto el primer gran reto que representa para el Estado la aprobación de esta ley, que solo espera la firma del presidente Juan Manuel Santos para entrar en vigencia formalmente.

Aunque es cierto que se han hecho esfuerzos por depurar el personal que conforma las instituciones que tienen que ver con el control del contrabando, cortar de raíz los nexos que las cabezas de estas redes de tráfico ilegal han logrado construir y consolidar es una misión compleja.

Los que diseñaron la ley lo saben bien y por eso incluyeron en ella sanciones ejemplares que castiguen drásticamente la participación de los funcionarios públicos en este delito, pues se sabe que su actuar, en muchos casos, dificulta de forma importante la lucha contra este fenómeno. Actualmente el Código Penal solo prevé una pena de prisión de máximo 8 años cuando la cuantía supera los 50 salarios mínimos. La Ley Anticontrabando establece una pena de prisión hasta de 8 años cuando la cuantía es menor a 50 salarios mínimos.

En adelante, esa pena puede ser hasta de 13 años cuando es superior a 50 salarios mínimos y llegaría a 15 si el valor de la mercancía es superior a 200 salarios mínimos, o a 16 años si recae sobre hidrocarburos en más de 500 galones de combustible.

El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), general Gustavo Moreno ha sido enfático en que los funcionarios que ocupan cargos en esa institución deben someterse a estrictas regulaciones, precisamente para evitar el soborno, que se ha convertido en el arma por excelencia de los contrabandistas.

Además de vigilar estrictamente el entorno familiar y el patrimonio de cada uno de sus integrantes y de realizar constante seguimiento, solo se les permite usar los teléfonos de dotación de la Polfa, por lo cual es posible rastrear al funcionario las 24 horas del día.

En Cúcuta y Norte de Santander, a pesar de que las primeras purgas en estas instituciones ya se han dado, las operaciones más recientes que terminaron con la desarticulación del llamado cartel de la carne tuvieron que hacerse con personal de Bogotá y bajo la mayor discreción para evitar que  sus redes al interior de algunas organizaciones terminaran alterando los resultados de la investigación. 

Con la nueva ley se logra por fin, darles dientes a las autoridades para enfrentar a las grandes mafias del contrabando, a sus cabecillas y a sus redes, haciendo énfasis en el tráfico de hidrocarburos y en la venta o adquisición de productos especialmente sensibles para la economía como arroz, papa, cebolla, huevos y medicamentos, todos presentes en este departamento.

Todo esto significa que las investigaciones que se han venido adelantando para desmantelar otras redes como las que controlan el contrabando de arroz y los procesos de extinción de dominio de propiedades que facilitan el contrabando en zonas como La Parada,  podrán avanzar ahora sí con velocidad para acabar, de una vez por todas, con sus estructuras criminales.