Departamentos fronterizos como Norte de Santander y Nariño, pero también  otros como Cauca y Valle aparecen como escenarios de las repetidas masacres, que al igual que en el pasado, suceden con tal periodicidad que ni siquiera se alcanzan a sepultar los muertos de una, cuando ya está ocurriendo otro crimen múltiple en el país.

Una característica que se está viendo en esta sucesión de violentos acontecimientos, es que las víctimas, en su mayoría, han sido jóvenes.

Acabó de ocurrir el asesinato masivo de ocho personas, esta vez en Samaniego (Nariño), donde los autores fueron hombres armados con fusiles que llegaron a la vereda Santa Catalina donde al parecer se celebraba una fiesta.

Las versiones son múltiples, e incluso una ha llamado la atención, como es la de que los asesinos habrían actuado en represalia contra quienes estaban en esa reunión, por no acatar el toque de queda y el aislamiento social, en prevención del coronavirus.

Lo cierto es que aunque estamos en pandemia y en una crisis sanitaria, los que pudiéramos llamar ‘masacradores’ no están en cuarentena sino que se mueven a sus anchas por el país dejando un mensaje de desesperanza con una marca de miedo y de temor entre los colombianos.

‘Están matando a la primavera’ es la primera idea que se viene a la cabeza cuando se observa que en todos los asesinatos múltiples, tanto los que han sacudido a la zona rural de Cúcuta y al Catatumbo, como a los de Nariño y Cauca, se nota que los asesinos se llevaron por delante la vida de personas jóvenes, lo cual también produce un mayor preocupación entre la sociedad.

Ojalá produzca algún impacto esto que acaba de decir el procurador Fernando Carrillo, que ya va de salida de su cargo al cumplírsele el periodo: “hay rebrotes de violencia en los territorios. Los asesinos no están confinados, mientras el país se desgarra y crece la polarización. ¿Quién responde? El Estado tiene que salir del confinamiento y capturar a los asesinos, copando territorios y devolviéndole confianza a la gente”. 

Y para dejar ver que tristemente los colombianos estamos cayendo en la repetición de nuestra dolorosa y dantesca historia reciente, la Defensoría del Pueblo expuso para la consideración la siguiente afirmación: “la ocurrencia de masacres en el país manifiestan el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia”.

Llamar a Comisiones de Garantías de Seguridad, o a las Comisiones Departamentales de Paz o a los Consejos de Seguridad o quizás a la sociedad en general en estos departamentos a una gran deliberación para procurar sortear los obstáculos y fijar unas pautas, con garantes como la iglesia, sería lo recomendable, puesto que la pandemia de la violencia es indispensable contenerla.

Es que otro de los ingredientes comunes de las áreas donde se han producidos estos crímenes colectivos es que están cruzados por áreas con cultivos ilícitos en las que organizaciones que van desde las guerrillas hasta los carteles mexicanos, se disputan el poder de los territorios y de las economías ilegales.

Como se nota, el panorama es complejo, pero es indispensable que  se tomen las acciones necesarias para prevenir que este virus (en el que confluyen violencia, desigualdad, miseria y grupos ilegales) crezca hasta volverse un monstruo que pise y haga daños mucho más graves  de lo que estamos viendo.