Crecimiento urbanístico desordenado en el que finalmente el sacrificado es el mismo ciudadano que no tendrá derecho a una vida digna en la ciudad, es el resultado de permitir que parte del ensanche de Cúcuta se haga al ritmo que marquen las invasiones de tierras.

Recordemos que detrás de esas ocupaciones de predios se esconden mafias que primero llegan a limpiar, a instalar  cambuches con palos y tela verde de encerramiento y a marcar linderos dentro del loteo para los probables beneficiarios que alegan ser destechados bien sea por efectos del desempleo o porque sus bajos ingresos no les permiten pagar arriendo o acceder a vivienda propia.

Pero la sorpresa está en que tiempo después comienza la venta y reventa sin propiedad del terreno sino con una compraventa de las mejoras, descubriéndose que muchos de los que llegaron a invadir diciendo que no tenían un lugar para vivir con sus familias, ya no están ahí, sino personas que posteriormente compraron para levantar ahí sus casas.

Lógico que por la crisis social y económica acumulada por años en la ciudad, se acumula el problema de la falta de vivienda para muchas familias cucuteñas y ahora venezolanas, por razón del éxodo desde el vecino país, pero las evidencias indican que en la mayoría de las veces los avivatos aprovechan las dificultades de la gente para montar jugosos negocios, como este de apoderarse de tierras de propiedad de otros dueños para luego montar una especie de ‘inmobiliaria fantasma’ para hacer la feria de los predios, que finalmente a la fuerza de los acontecimientos cambian de propietarios.

Conexo a esa acción ilegal de lo que se podrían perfectamente llamar ‘urbanizadores piratas’ el cuadro urbanístico de la ciudad resulta gravemente impactado, porque muchas veces los asentamientos subnormales que finalmente se vuelven barrios, igualmente carentes de muchos elementos básicos, surgen en lugares donde se preveían otra clase de usos de esos suelos.

Igualmente, causan un grave impacto sobre los servicios públicos,  como el del agua, que en un principio es captado por mangueras y conexiones irregulares que resultan afectando la regularidad y la calidad en la prestación del mismo hacia sectores densamente poblados.

Incluso el fenómeno ha llegado a bloquear proyectos urbanísticos legales, que se encontraron con ranchos de tabla y techo de zinc en sus predios, y que les resultaron imposibles de desalojar.

El impacto es de enorme magnitud, puesto que, como muchos continúan siendo sectores no reconocidos tienen problemas de salubridad, de vialidad, de educación y de servicios públicos domiciliarios, aparte de la inseguridad que también se acrecienta por allí.

Tienen razón los que plantean la conformación  por parte de la Policía, Fiscalía, Procuraduría, Alcaldía, Corponor y las empresas de servicio públicos, de un ‘Bloque anti-invasiones’, como se le conocería a este cuerpo especializado en actuar frente a casos como los recientemente registrados en el sector de Valles del Rodeo.

  Aquí tiene razón Juan Francisco Yáñez, presidente de la junta directiva de Camacol Cúcuta y Nororiente, para quien  no hay justificación de que mientras en la ciudad se tienen proyectadas para este año la construcción de más 3.000 unidades de viviendas de interés social (con subsidio), de manera ordenada y planificada, aparezcan supuestos destechados e invadan terrenos privados por las vías de hecho.