Resultan muy interesantes y pertinentes las declaraciones del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado en la entrevista publicada ayer por La Opinión. El jefe del ente acusador ha informado sobre el estado en que se encuentran los procesos e investigaciones que se adelantan contra exservidores públicos y funcionarios en ejercicio, por presuntos hechos de corrupción y fechorías contra la administración pública en Cúcuta y Norte de Santander. 

Con frecuencia reclamamos y nos quejamos porque las investigaciones de la Fiscalía, como las de los demás órganos de control, son lentísimas o terminan archivadas por el consabido vencimiento de términos. En muchos casos, los fallos o resultados de tantos procesos se producen cuando los funcionarios, presuntamente responsables, y sus cómplices ya no están en el ejercicio de sus cargos o se han fugado del país, a la espera de la prescripción que los favorezca. 

A la Fiscalía y a sus funcionarios no podemos responsabilizar de tantas demoras, casi siempre dilatorias, pues tienen que ajustarse en sus procesos y procedimientos a lo que les señala la ley. Somos conscientes y respetuosos de los derechos y principios del debido proceso, la legitima defensa y la presunción de inocencia, pero a la sociedad le inquieta e irrita en forma permanente que las investigaciones no avancen en la forma debida y diligente, permitiendo con frecuencia que los responsables se salgan con las suyas. 

En su entrevista a La Opinión, el fiscal Barbosa informó sobre su gestión en los tres últimos meses.  Destacó los 37 procesos penales que su despacho adelanta contra el exalcalde de Cúcuta, César Rojas, 19 de ellos por, presuntamente, incurrir en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, conducta criminal por la que muchos exfuncionarios están tras las rejas y condenados. En dos de esos casos ya se le formuló imputación de cargos. También se le siguen otras cinco investigaciones por peculado, cuatro por prevaricato y una por tráfico de influencias. Antes de ser elegido alcalde de Cúcuta, Rojas fue denunciado e investigado por escándalos de corrupción en la Secretaría de Tránsito Municipal y en Ifinorte.  

Contra el exgobernador William Villamizar Laguado, la Fiscalía tiene tres procesos activos, dos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y uno por cohecho. Llamó la atención a la Fiscalía que en una de esas investigaciones, el 23 de agosto de 2019, el mismo día que la Procuraduría suspendió por tres meses al entonces gobernador Villamizar, en la Secretaría General se celebraron 80 contratos de prestación de servicios para la Secretaría de la Mujer, y 144 más para la de Desarrollo Económico.

Al exalcalde Donamaris Ramírez se le adelantan varias investigaciones también en la Fiscalía, seis son por contratar sin el cumplimiento de los requisitos legales y dos por prevaricato. 

En su entrevista a La Opinión, el fiscal Barbosa Delgado se refirió también a otros hechos de corrupción en la región, como el del ahora exalcalde de Pamplona, Ronald Contreras; el caso del hospital de Ábrego, el fraude por los líos de pensiones que involucran a la exalcaldesa María Eugenia Riascos, y el escándalo del PAE, que está en audiencia preparatoria y por el que se han librado ya cinco órdenes de captura.

Igualmente mencionó el fiscal la situación de violencia en la convulsionada región del Catatumbo y la escalada criminal y siniestra contra los líderes sociales e indígenas de la región, temas a los que hacemos seguimiento y a los que tenemos que seguir refiriéndonos en estas columnas.