Departamentos y municipios pueden presentar planes para el regreso a las aulas, pero en casos como Cúcuta esa posibilidad se ve lejana.
¿A las aulas?
Los educadores dieron a conocer argumentaciones legales que podrían desestimular la idea de la alternancia o el regreso a clases en Colombia y Norte de Santander, puesto que hay normas que achacan toda la responsabilidad sobre lo que pudiera pasarles a los estudiantes -como el contagio- a los profesores y colegios.
Ahí se encuentra el artículo 2347 del Código Civil que habla de la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. “Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.
Y los establecimientos educativos con la firma de la matrícula, tienen ahí consecuencias en materia de daños y perjuicios si los niños y jóvenes en una eventualidad resultaran afectados por la pandemia.
Esa argumentación legal, junto a otras de tipo sanitario y relacionadas con las características estructurales de los planteles educativos, se han puesto sobre la mesa para que este año el calendario educativo continúe y finalice con las clases en casa.
Por ejemplo, en Cúcuta, hace pocos días la Alcaldía les facilitó a 21.180 estudiantes de colegios públicos el servicio gratuito de internet con el propósito de evitar la deserción escolar porque ellos no contaban con esa herramienta y garantizarles que puedan continuar recibiendo virtualmente la enseñanza por parte de los profesores.
Pero como de todas maneras suena y se escucha la posibilidad de un retorno a establecimientos educativos con alternancia, para el caso de la ciudad serían muchos los llamados pero pocos los elegidos, porque simplemente guardar la distancia física dentro de los salones es prácticamente imposible.
Bien se sabe que las aulas prácticamente están copadas en su capacidad, lo cual llevaría a riesgosas aglomeraciones que podrían llegar a poner en riesgo la salud y hasta la vida misma de los alumnos, profesores y del mismo personal administrativo.
Lo cierto es que al pasar a la fase de aislamiento selectivo, los entes territoriales (departamentos y municipios) puede a partir de ahora presentar planes piloto para el regreso a las aulas en las instituciones públicas, los cuales serán discutidos con los ministerios de Educación y de Salud para asegurar que no ponen en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes en el país.
Ya algunas ciudades y municipios podrían empezar a hablar de esto porque el coronavirus comienza a mostrar un descenso, pero en casos como Cúcuta donde ni siquiera se ha llegado al pico y los contagios están disparados, esa posibilidad se ve lejana, como lo ha ratificado, por ejemplo Asinort, que no está de acuerdo con volver.
Incluso, las mismas instituciones y padres de familia podrán desistir de enviar a sus hijos al colegio cuando esto se autorice, como ya ocurrió con la Asociación de Colegios Privados de Colombia, que anunció que terminará el año bajo la virtualidad, pues el 89,3 % de los padres no está de acuerdo con que sus hijos regresen a las aulas, por temor al contagio.
Por el momento la alternativa es invertir en conectividad, en fortalecer planes como computadores para educar, incluso las clases por televisión, los contactos alumnos profesores por Whatsapp y correos electrónicos, porque aunque no lo creamos, el coronavirus nos empujó a la fuerza a la virtualidad, que llegó para copar otra gran parte de nuestra vida diaria.
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