Elementos para apoyar el trabajo policiaco y de las autoridades judiciales es la consideración básica sobre las cámaras de seguridad que se instalan en las calles para que con ellas se forme un gran centro de monitoreo. Para el caso de Cúcuta, este sistema de videovigilancia se implementó con el apoyo del Ministerio del Interior, que en su momento llegó a invertir hasta $19.495 millones en tecnología de seguridad.

La ciudadanía reacciona algunas veces indignada o con preocupación, porque al ocurrir algún crimen, un asalto o un accidente, resulta que la única cámara que podía ayudar a ofrecer más detalles estaba apagada, la tenían en mantenimiento o no servía.

Ahora que vuelve a hablarse de estos  312 ‘vigilantes electrónicos’ vino a conocerse que de esa red solo 252 funcionan de manera continua, 20 que se volvieron adorno porque no sirven y 40 que registran fallas constantes. Pero además, sería bueno conocer unas estadísticas de cuantos casos han ayudado a resolver dichos sistemas, en el último año por ejemplo o cual es el promedio mensual de casos en los que ayudan estos, para valorar su aporte.

En la práctica, son 60  las que requerirían cambio aparte de garantizarse el mantenimiento correctivo y preventivo para esa red que, pero de  acuerdo con lo expuesto por el subsecretario de Seguridad Ciudadana del municipio, John Anzola, ya debería comenzarse a pensar en la modernización de una parte de este esquema de ‘ojos electrónicos’ puesto que hay un número considerable que registra más de diez años de funcionamiento.

La utilización de esta herramienta tecnológica resulta de gran ayuda para la identificación de quienes están involucrados en algún tipo de delito o para ofrecer detalles más precisos sobre la ocurrencia de algún hecho de sangre, o para la verificación de situaciones que estén ocurriendo en determinado lugar y requieran la inmediata intervención de las fuerzas del orden.

En ese aspecto surge ahora el pedido del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, para que el gobierno del presidente Iván Duque dote a la ciudad con otras 300 cámaras de seguridad al igual que una plataforma de control para hacerle seguimiento a las trochas fronterizas, los puentes internacionales y los puntos más vulnerables de la ciudad.

Por lo que se lee de la carta, esa sería una de las maneras -desde el punto de vista netamente policiaco- de hacerle frente a un crecimiento de la inseguridad en esta zona del país por el aumento del desempleo y por el riesgo de que el paso de personas por los ‘caminos verdes’ se desborde.
 
Aquí habría que considerar un compromiso que esa red extendida y la sala de observación de los caminos fronterizos correspondan a los más altos estándares de calidad tecnológica, incluyendo si se quiere la identificación facial, con servicios de reparación y mantenimiento asegurado y unas garantías adecuadas.

Además, el municipio deberá siempre consignar en el presupuesto las asignaciones requeridas para el buen funcionamiento de ese sistema y que no ocurra que por olvido, disposición de las partidas para otros menesteres o recorte por cuestiones de ‘austeridad’ no se dejen los recursos indispensables para ello.

Si el ensanche de ese mecanismo de vigilancia se da, también lo obvio es que opere las 24 horas y los siete días a la semana y no haya excusas de que o estaba volteada para otro lado o al momento del crimen o el hurto el ‘vigilante electrónico’ estaba fuera de servicio, porque lo que se espera es que sea de una altísima eficacia y eficiencia.