El secretario de Tránsito, José Luis Duarte, dice esperar que lleguen bastantes empresas a participar en la licitación para que un tercer público o particular maneje los servicios que le corresponden a la dependencia que él administra.

Se refiere a una licitación que ha estado plagada de dificultades de todo tipo y que ha tenido que declararse desierta en dos oportunidades por la falta de proponentes idóneos que cumplan los requisitos exigidos. 

El propio Duarte parece admitir los antecedentes, cuando señala la necesidad de que bastantes empresas se vinculen a la puja por la licitación, “para brindarle a la ciudad tranquilidad en que se va a escoger la mejor”, algo que señala la propia ley.

Y la verdad es que en un contrato por 19 mil millones de pesos, mediante el cual se entregan por varios años servicios oficiales fundamentales, que generan miles de millones por año, las suspicacias y las sospechas están a flor de piel.

Los críticos sugieren que detrás de esa negociación hay intereses muy fuertes de algún exalcalde local, pero ninguno ha actuado para, por ejemplo, constituirse en veedor del contrato, a fin de garantizar la pulcritud de todo el proceso licitatorio y de la ejecución.

Solo una veeduría permanente permite despejar sospechas y garantizar que las actuaciones de los funcionarios del Estado y de los adjudicatarios del contrato tengan el comportamiento que se requiere para administrar los recursos del Estado.

La decisión de una parte del sector empresarial, de asumir la veeduría sobre el contrato para elaborar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es correcta, y debería constituirse en ejemplo para otros contratos municipales, como el de Tránsito.

Nadie puede negarse a que haya veedores con los ojos puestos en el presupuesto, a menos que tengan algo que esconder. Es, además, un deber ciudadano, ayudar a cuidar lo que es de todos.

Los cucuteños, acostumbrados a dejar hacer y dejar pasar en asuntos relativos al erario público, están en mora de organizarse para seguir de cerca la pista a los pesos y a los centavos del presupuesto.

Pero, además, deben defender, por encima de cualquiera otra consideración, la necesidad inaplazable de avanzar rápido, de poner al día una ciudad que merece mejor suerte y carece de equipamiento tan elemental como un sistema de semaforización, y una movilidad adecuada.

Cúcuta es la quinta ciudad colombiana en población, pero parece de las últimas en materia de tránsito, por culpa de la corrupción y de la desidia que se ha enquistado desde hace varios años, desde hace varias administraciones.  

Ojalá esta vez, el proceso licitatorio se lleve a cabo dentro de los plazos legales y sin los contratiempos generados por la falta de idoneidad y de requisitos de las firmas aspirantes. 

Todos tenemos que asumir en serio los compromisos con la comunidad: los unos, pagando los impuestos, y los otros administrándolos, a fin de dar a la ciudad la suficiente fortaleza financiera que evite que deba entregarles a los particulares algo, como el Tránsito, que es tan esencial.